Una gestión llena de denuncias por sus actuaciones al margen de la ley ha tenido la procuradora general de la nación, Kenia Isolda Porcell, funcionaria a la que se le han interpuesto un total de 20 querellas en cuatro años que tiene al frente del Ministerio Público (MP).

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Porcell fue designada como procuradora general de la nación por el presidente Juan Carlos Varela el 2 de diciembre de 2014, cargo que ocupó oficialmente el 2 de enero de 2015.

Hasta la fecha han sido 18 denuncias que le han sido archivada a la jefa del MP por parte del procurador de la administración, Rigoberto González, funcionario que fue superior de Porcell cuando ambos laboraron con la exprocuradora de la nación Ana Matilde Gómez.

Actualmente son dos las denuncias en contra de Porcell que están en investigación, la primera de ellas fue la que le presentó el periodista Diego Dal Boni, esto por sus actuaciones dentro de las investigaciones por el caso Odebrecht.

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La segunda de las denuncias fue la que le presentó Luis Eduardo Camacho Castro, por abuso de autoridad e infracción de los deberes públicos, por permitir que miembros de la sociedad civil revisaran y auditaran expedientes de funcionarios de la pasada administración.

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A la actual procuradora se le señala de participar, junto al secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Rolando "Picuiro" López, de procesos ilegales para "armar" casos contra funcionarios de la administración anterior y adversarios políticos de este gobierno.'

2

son las denuncias que tiene pendientes Porcell, una de ellas por la "procuraduría paralela".

18

denuncias le han archivado, según datos de la Procuraduría de la Administración.

Al ser cuestionado sobre esta investigación, el procurador de la administración indicó que tan pronto se presentó esta denuncia se abrió esta investigación, la cual se mantiene vigente actualmente.

La misma ha traído como resultado que la Procuraduría de la Administración haya practicado distintas diligencias a objeto de recabar la información necesaria y fundamental dentro de esta denuncia penal puesta contra la funcionaria del MP.

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"Lo que hay que ver desde el punto de vista periodístico es que si esos elementos desde los cuales surge esta denuncia se convierten en un acto delictivo", manifestó el funcionario.

Para el abogado y catedrático universitario Miguel Antonio Bernal, estamos frente a una funcionaria que deja un lastre extremadamente negativo a la sociedad panameña, principalmente por sus abusos de autoridad y extralimitación de sus funciones.

Sumado a esto, también por "su complicidad y contubernio con los de la constructora Odebrecht y otros delincuentes que ella se ha encargado de encubrir".

Bernal añadió que tampoco se puede olvidar la persecución que ha desatado la procuradora en los últimos días y aprovechando la presencia del papa Francisco en Panamá para encarcelar a humildes panameños bajo el pretexto de que la habían agredido psicológicamente.

"Creo que la sociedad panameña decente tiene la obligación de no dejar de exigir un encausamiento decidido a Porcell, quien hasta ahora ha recibido la protección de sus colegas de la Procuraduría de la Administración y de los magistrados de la Corte Suprema que tienen al igual que ella un largo recorrido de abusos de autoridad y omisión de funciones", manifestó el profesor.

Sin esperanzas

Sobre si habría alguna posibilidad de que Porcell sea enjuiciada por algunos de los supuestos delitos que se le acusa, Bernal indicó que se teme que cualquiera que sea el próximo gobierno terminará de besos no solo con ella, sino con todos los que le han hecho daño al pueblo panameño.

"Ninguno de los candidatos presidenciales ha expuesto su decisión de poner en su lugar a esta funcionaria", indicó Bernal.