Magistrado de Cuentas fue designado ilegalmente

El expresidente de la República Juan Carlos Varela en el umbral de su salida del gobierno, nombró como magistrado suplente del Tribunal de Cuentas a Jaime Barroso, a pesar de que este ha sido investigado por delito contra la administración pública, lo que le impediría ocupar el cargo.

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El artículo 1088 del Código Fiscal de Panamá indica que para ser empleado o agente de manejo es preciso gozar de buena reputación y pone un impedimento a quien haya sido alcanzado en sus cuentas, aun cuando los alcances hayan sido condonados o declarados prescritos, o cuando no haya rendido sus cuentas oportunamente, aunque de esa responsabilidad haya sido eximido.

Los nombramientos hechos en contravención de este artículo son nulos y cualquier persona puede demandar su nulidad, manifiesta de forma clara el Código Fiscal vigente.

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Varela designó a Barroso para este cargo el pasado 26 de junio como suplente del magistrado Rainier Alexis Del Rosario, esto a través del Decreto 185 del 26 de junio de 2019.

Dicha designación fue publicada en la Gaceta Oficial el 27 de junio de 2019.

Investigado desde 2012

El recién designado magistrado suplente en el año 2012 fue objeto de una investigación debido a un contrato por $580 mil pactado entre el Municipio de Panamá y la empresa Trébol Services Inc, dentro del cual también estuvo el exalcalde Bosco Vallarino.'

26

de junio, a través del Decreto 185, Varela designó a Jaime Barroso magistrado suplente del Tribunal de Cuentas.

2012

Año en que Barroso salió del Municipio de Panamá, luego de la renuncia de Bosco Vallarino.

Transacción de la cual la Contraloría General de la República, en octubre de 2012, ordenó realizar una auditoría que arrojó que Barroso era el responsable de una lesión patrimonial por la suma de 615 mil 218 dólares con 90 centavos.

Dentro del informe se señala que el recién nombrado magistrado suplente de cuentas se relaciona al hecho, ya que como secretario general del Municipio recibió con satisfacción los servicios de consultoría, formalizados a través de los contratos 646-2009, 025-2010, 361-2010 y 482-2010.

Esto sin considerar el cumplimiento de cláusulas establecidas en dichos contratos, referentes a la participación de la Dirección de Legal y Justicia del Municipio de Panamá, lo que hizo que no se realizaran evaluaciones durante el desarrollo de los estudios ni se evaluaran los resultados presentados por los consultores, previo a la recepción a satisfacción y el pago.

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Este informe fue presentado a la excontralora Gioconda Torres de Bianchini (q.e.p.d.) por Miriam Vásquez, auditora, y Diana A. Mariscal, supervisora.

Dentro del escrito, las funcionarias manifestaron que entre las personas relacionadas a los hechos estaba Jaime Barroso.

Las funcionarias recomendaron presentar este informe al Consejo Municipal de Panamá, para que apliquen las medidas correspondientes, Ministerio Público y el Tribunal De Cuentas, para determinar las responsabilidades a la que hubiese lugar.

Luego de la recomendación, el Tribunal de Cuentas ordenó a la Fiscalía de Cuentas investigar el asunto, y finalmente esta instancia solicitó cautelar los bienes de Barroso.

Razón por la cual, el mencionado tribunal hizo efectivo el 2 de agosto de 2013 el secuestro de los bienes muebles e inmuebles del exfuncionario y exalcalde de Arraiján.

Situación que llevó a Barroso a emitir varios recursos a su favor, los cuales hasta la fecha se desconoce si han sido resueltos.

Jaime Barroso, durante el periodo que se desempeñó como alcalde del distrito de Arraiján, también fue duramente cuestionado por supuestos manejos irregulares dentro de esta alcaldía.

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