María Eugenia López se queda sin blindaje; DGCP rechaza lujoso alquiler

La solicitud del Órgano Judicial, que buscaba concretar el alquiler de un auto blindado para la magistrada  María Eugenia López, fue devuelta sin trámite por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Esta no cumplía con las normas legales, reglamentarias ni de conveniencia que exigen los procedimientos excepcionales.

Javier Raúl Marquínez Dejud, director de la DGCP,  advirtió que la empresa que se beneficiaría de este contrato, Inspiration Holding Group, Inc., no cuenta con trayectoria comprobada o referencias de contratos parecidos.

También resalta que otras empresas pueden ofrecer el servicio a un menor costo, sin dejar de lado que el Órgano Judicial no tomó en consideración aspectos como conductores entrenados y pólizas de seguro. 

Este escenario refuerza la decisión de la DGCP, debido que el procedimiento excepcional solo aplica cuando no hay sustitutos adecuados o solo existe una oferta en el mercado.

Tras el atentado que sufrió en enero la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, este organismo pretendía alquilar un vehículo blindado como medida de seguridad. Sin embargo, el servicio durante 30 días iba a tener un costo de $70,620.00, cuando en el mercado local se ubica desde $27,000, una diferencia de 43 mil dólares que en el pliego de cargos no tiene justificación.

López apuntaba a desplazarse en un Cadillac Escalade Suv Blindado color negro con capacidad para 6 pasajeros, protección balística contra impactos múltiples de diversos tipos de armamentos, llantas de alto rendimiento, paneles balísticos y cristales, y aislamiento acústico y térmico.

Escándalos

Desde que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) pasó a estar bajo el mando de María Eugenia López, la credibilidad que tenía la sociedad en este Órgano del Estado se ha ido fraccionando poco a poco debido a los múltiples escándalos en los que se ha visto envuelto a causa del manejo de quien lo preside. 

Las denuncias que pesan sobre López revelan que presuntamente estaría utilizando su cargo para favorecer a empresas y personas allegadas, colocando a sus conocidos por encima del resto de la población, que también exige y merece un trato equitativo de la justicia. 

Desde el año 2023, la presidenta del Órgano Judicial viene haciendo gala de su poder, pues presuntamente utilizó personal de seguridad de la institución para brindar el servicio de vigilancia y mantenimiento a su finca ubicada en El Valle de Antón, provincia de Coclé, labor para la cual evidentemente no habían sido contratados y cuyo salario provenía no precisamente de su bolsillo sino de los impuestos de todos los panameños.

También ha sido acusada de aprovechar su investidura para agilizar sentencias, sobre todo, en los casos del expresidente Ricardo Martinelli, quien parece ser uno de sus principales objetivos, ya que, además de “entrometerse” en su caso para lograr su inhabilitación para las pasadas elecciones de mayo de 2024, ha obstaculizado su legítima defensa.

La presidenta de la CSJ incluso ha considerado quitarle la licencia a aquellos abogados que según sus declaraciones “entorpecen el proceso judicial”, una decisión que se entiende sería tomada de manera unilateral, pese a que todo ciudadano tiene derecho a utilizar los recursos que considere necesario para demostrar su inocencia. 

Una postura, en su momento, muy cuestionada porque se opone a la Constitución, que establece múltiples recursos legales a los que los abogados tienen acceso para defender sus casos.

Además, daba indicios de ser una especie de “amenaza” para los abogados del exmandatario Martinelli.

“Resulta patético y hasta ofensivo, que nos quieran decir ¿qué hacer y cómo hacerlo?”, señaló el jurista Alfonso Fraguela. 

A principios de este año, la exdiputada Zulay Rodríguez y el abogado Alejandro Pérez, presentaron ante la Secretaría de la Asamblea Nacional una denuncia en contra de López por estar vinculada a un presunto esquema de corrupción en el manejo de contratos públicos. 

El documento afirma que López supuestamente habría favorecido con decisiones judiciales a dos empresas relacionadas con el sector de la limpieza hospitalaria que obtuvieron millonarios contratos bajo licitaciones “sospechosas” durante la pasada administración; parcializando el sistema de justicia cuando miles de panameños esperan la resolución de sus casos.