Panamá
En el primer semestre de 2023, según datos del Ministerio Público, en Panamá se han presentado 1,237 denuncias por delitos de violación.
Panameños están indignados por el reciente caso del exrey Naso, Reynaldo Santana, quien confeso haber violado a una menor de edad y se le dio trabajo comunitario. Archivo.
La conversión de la pena de prisión por trabajo comunitario a favor del exrey de la Comarca Naso Tjër Di, Reynaldo Alexis Santana, quien violó a su sobrina con discapacidad, cuando esta tenía 12 años, sigue causando indignación y molestias en la población panameña.
Santana, quien fue condenado a una pena de prisión de 3 años, se le reemplazó dicha medida cautelar por trabajo comunitario, el cual deberá realizar en la junta comunal de Changuinola, provincias de Bocas del Toro, todos los viernes de los próximos tres años desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde.
Además de esto, Santana no podrá salir del país sin previa autorización judicial, ni abandonar su residencia a partir de las 9 de la noche, y no podrá acercarse a parques, parvularios o áreas donde asisten menores de edad.
Tampoco podrá acercarse a la víctima y a sus familiares "por ningún motivo ni medios" y la sentencia será "inscrita en el registro de ofensores sexuales" de Panamá.
Pero el caso del exrey Naso que violó a esta menor de edad en l Bocas del Toro, solo es un detonante dentro de la problemática que se vive en Panamá en cuanto al tema de abusos sexuales, los cuales son cometidos por los propios familiares cercanos de las víctimas.
Tal fue el caso de una menor de edad de 10 años, de la comunidad de Río de Jesús, la cual resultó embarazada y cuyo presunto agresor fue su padrastro.
A este caso, se suma el de una menor de 13 años de edad, de la comunidad de la Raya, y el de un niño de 11 años de edad, el cual supuestamente fue abusado sexualmente por un tío.'
115
denuncias sed han presentado por el supuesto delito de violación agravada.
A Juan Jiménez se le ordenó la detención preventiva por violar y embarazar a su hermana menor de edad, mientras que un hombre, de 50 años, fue detenido por abusar sexualmente, de su nieta.
Casos como los antes mencionados, son solo algunos de los que diariamente se viven en Panamá y los cuales son penados de manera muy débil, por lo que los panameños claman por un mayor castigo para los abusadores sexuales. Incluso hay quienes han propuesto hasta la castración química para quien cometa este tipo de delitos.
El Código Penal de Panamá, específicamente en su artículo 174, establece que quien mediante violencia o intimidación tenga acceso carnal con personas de uno u otro sexo, utilizando la sus órganos genitales, será sancionado con prisión de siete a doce años y puede llegar hasta los 15 años, dependiendo de la forma en que se cometa.
Penas que en algunos casos no se llegan a cumplir, pues los abusadores sexuales logran algún tipo de acuerdo o se le reemplaza la medida cautelar de detención por una menos severa, como paso con el ex rey Naso Reynaldo Santana.
Ante esto, el abogado Alfredo Vallarino Alemán, comentó que solo una cosa puede producir "más asco", como que al agresor de una niña abusada sexualmente le den por pena trabajo comunitario y que haya sido otorgado con el beneplácito del fiscal de la causa, que es quien debe proteger los derechos de esa menor.
Vallarino comentó que no puede "satanizar" los acuerdos de pena que otorga el Ministerio Público, pero que el problema esta y se va a mantener es por el "oscurantismo", el "cinismo" y la "impunidad" que rodean a los mismos.
Explicó que en muchas ocasiones, estos acuerdos se basan solo en "aceptar el hecho", solo a cambio de una estadística de condenado por acuerdo de pena, es decir, caso ganado pero sin pagar un día de cárcel.
"Una forma de regular esto, es el control social. Haciendo públicos todos los acuerdos, con el nombre del fiscal y su justificación", argumento.
Por su parte, Toribia Venado, líder indígena Ngbe, pidió al Estado panameño ejercer su rol fiscalizador en regiones apartadas del país, donde casos cómo el del exrey Naso son comunes.
"Precisamente cuando las mujeres protestamos, nos amenazan con el cepo, nos intimidan, para que no denunciemos este tipo de situaciones", aseveró.
En tanto, la activista Paulete Thomas, señaló que se debe dar un aumento de pena para los abusadores sexuales.
Las penas para quienes cometen este tipo de actos en Panamá, es de 15 años de prisión y se está pidiendo sea aumentada a 25.
Mientras que Dayana Bernal, exigió a los jueces que apliquen todos las agravantes que tiene la ley penal panameña a quienes comenten este tipo de actos y que se eliminen los acuerdos de pena para los delitos de carácter sexual.
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