Voceros de la defensa legal del expresidente Ricardo Martinelli indicaron que con la instalación del nuevo gobierno y de las nuevas autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitarán que se revise el nombramiento "a todas luces irregular" de un cabo de la Policía Nacional que fue "premiado" por el ya expresidente Juan Carlos Varela con un puesto diplomático en el extranjero, que todavía ocupa, para que mintiera en el caso de los supuestos pinchazos, función para la cual se convirtió en el polémico "testigo protegido" de la fiscalía, pero que al final resultó una gran farsa, cuando fue destrozado en el contrainterrogatorio.

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El abogado Roniel Ortiz fue más directo, y ya ha expresado que pedirán al nuevo presidente, Laurentino Cortizo, que cese el nombramiento de este funcionario.

Sigue vedado mencionar su nombre tanto para los medios como para las partes involucradas en el juicio oral, pero la identidad del testigo protegido era un secreto a voces. Y de su propia boca, recientemente, él mismo hizo públicas una serie de anomalías en torno a su nombramiento, situaciones que obligan no solo a revisar esta designación, sino incluso a invocar procesos penales.

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La primera irregularidad, y desde donde parte todo, es que su nombramiento se da luego de una reunión que sostuvo junto a Juan Carlos Varela y el jefe del Consejo de Seguridad, Rolando "Picuiro" López.'

5

de 8 testigos han coincidido en relatar que el denominado testigo protegido se reunió con Varela y "Picuiro" en 2014.

150

es el número del edificio del Consejo de Seguridad donde se dieron los encuentros.

Este encuentro se dio en julio de 2014 en el edificio 150 del Consejo de Seguridad, una información que sido ha sido mencionada por al menos por 5 de los 8 testigos que han desfilado por el juicio.

A partir de ese encuentro, el cabo de la Policía, quien devengaba un salario cercano a los $800 mensuales, se transformó en testigo protegido y fue nombrado como Agregado Policial de Panamá ante la Junta Interamericana de Defensa (salario de $10 mil) en un cargo destinado solo a oficiales de alto rango.

"Pero luego de las declaraciones llenas de contradicciones que ofreció en el caso pinchazos, quedó en evidencia que su cargo fue una recompensa por lo que hizo, es decir, por tener el coraje de ir a mentir ante las autoridades judiciales", afirmó el abogado Luis Eduardo Camacho González, parte del equipo legal de Martinelli.

Y es que en las audiencias públicas donde participó, y donde se tuvo que quitar la capucha de incógnito, por varios días se sentó a decir que él era el autor y responsable de los archivos que estaban en el disco compacto que entregó.

Sin embargo, el último día, el abogado Sidney Sittón demostró que el testigo protegido no era el autor de esos archivos, sino el propio Rolando López.

Esto obligó a que este cabo, transformado en diplomático de la administración Varela, tuviera que reconocer que sí conocía a "Picuiro" López, y que incluso habían trabajado juntos en el año 2007. Esto, a pesar de que días antes había afirmado no saber quién era Rolando López.

Sin pudor alguno, también hizo gala de su falta de memoria en el contrainterrogatorio, cuando aseguró no recordar quién lo designó en el alto cargo diplomático que ejerce.

Pero adicional a esto, saltó a relucir otra sensible irregularidad en su nombramiento, pues existe una resolución emitida por el entonces director de la Policía Nacional, donde -con base a una solicitud hecha por Rolando López- se designa al cabo para un cargo diplomático en Estados Unidos.

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"Pero la resolución mediante la cual lo designaron en ese cargo es de septiembre, pero esa resolución indica que el cargo lo está ocupando desde agosto. Es decir, él se fue antes de que existiera la resolución de ocupar un cargo a nivel internacional. ¿Cómo se explica eso?", se cuestiona el abogado Camacho.

Peor aún, en las declaración que ofreció, reconoció que él jamás ha rendido un informe del cargo que está ocupando.

"Este señor es una vil botella que tienen en el extranjero ganando más de $8 mil para un cargo que no está haciendo absolutamente nada, pues es una recompensa por prestarse para esta patraña armada. El nuevo Canciller y ministro de Relaciones Exteriores tiene que revisar este nombramiento, y el propio Ministerio Público iniciar una investigación", resumió el jurista.

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