Tras confirmarse la muerte de uno de los dos menores que quedaron en estado crítico, producto de las quemaduras que recibieron en el incidente con fuga de gas en el Ph Costa Mare, en Costa Sur, el abogado Víctor Orobio expresó que el Ministerio Público (MP) debe actuar de oficio con una "investigación seria", donde se apliquen penas ejemplares, pues no es la primera vez que se dan este tipo de casos que ponen en riesgo la seguridad colectiva.

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"El MP tiene que tomar este tema con mucha seriedad y establecer una investigación seria y responsable; y los tribunales tienen que hacer su trabajo de aplicar el máximo de las sanciones a las personas responsables, porque se trata de proteger a la colectividad. Este es un delito de peligro común, ya hay una vida que se perdió, y de seguro otras personas quedarán con traumas irrecuperables", indicó el jurista.

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Voceros del Hospital del Niño confirmaron este domingo el fallecimiento del bebé que presentaba quemaduras en el 87% de su cuerpo, al tiempo que se informaron que su hermano, de 5 años (y 68% de quemaduras), se mantiene en "estado delicado".

La madre también se encuentra en situación crítica, con quemaduras en el 90% de su cuerpo, y recluida en un hospital privado.

En total se reportaron 14 personas heridas, 4 edificios afectados del complejo residencial, uno de ellos declarado inhabitable.

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En la inspección realizada el fin de semana por personal especializado del Cuerpo de Bomberos de Panamá (CBP), se encontraron válvulas de gas abiertas, así como restos de velas.'

El MP podría investigar de oficio ante la posible figura de peligro a la seguridad colectiva. Y de comprobarse, los responsables enfrentarían penas de 5 a 10 años de prisión.

El abogado Víctor Orobio explicó que incluso si de determinada negligencia o que no hubo una intención directa de causar peligro colectivo, entra la figura de "hecho culposo", con penas de hasta 3 años de prisión.

Orobio dijo que en este caso se pueden investigar "conductas culposas o negligentes de los responsables de mantener estas áreas seguras, para evitar que se diera esta explosión, llámese la administración del edificio, o los constructores (si tenían conocimiento una falla en el sistema de gas)".

Y Estírito De Frías, director de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación del CBP explicó que la causa de todo fue justamente una válvula de gas abierta (sin tapón).

Como ocurre en estos casos, la inspección se dio a nivel de los bomberos, acompañados por personal de la Policía Nacional y del Sistema Nacional de Protección Civil.

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No obstante, para el abogado Víctor Orobio, se hace necesaria una participación más activa del Ministerio Público.

"Todo esto involucra un deber del MP de investigarlo para determinar responsabilidades y saber a qué persona o grupo de personas les correspondía evitar esta tragedia", dijo ayer el jurista en declaraciones a RPC Radio.

Explicó que en lo referente a personas que causan peligro a la seguridad colectiva, el Código Penal establece penas de entre 5 y 10 años de prisión.

Incluso precisó que si no hubiere "la intención directa de causar este peligro colectivo", de igual forma el Código Penal menciona la figura del "hecho culposo", que llevaría una pena de hasta 3 años de prisión.

"Hay que investigar, porque no es la primera vez en el país ocurren desastres como este", concluyó.