Panamá
Diversos juristas han indicado que mientras se mantengan en las distintas fiscalías, los fiscales nombrados por Porcell, sus investigaciones no avanzarán.
Kenia Porcell, exprocuradora general de la Nación. Archivo.
Poco avance muestran las denuncias que se mantienen en el Ministerio Público en contra de la exprocuradora general de la nación, Kenia Porcell, funcionaria muy cuestionada, la cual tuvo que abandonar el cargo luego de la aparición de los Varelaleaks.
Esta funcionaria prácticamente ha pasado desapercibida y sus casos se han mantenido sin investigarse.
Al ser cuestionado sobre estas denuncias, el procurador general de la nación encargado, Javier Caraballo, se mostró esquivo y prácticamente evitó hablar del tema.
El procurador encargado se limitó a manifestar que de forma genérica él no podía dar detalles de esos casos en contra Porcell y agregó que si se verifican caso por caso está seguro que los fiscales podrían dar cuenta de las acciones y las decisiones que han tomado en cada uno de esos procesos.
En reiteradas ocasiones, diversos juristas han indicado que mientras se mantengan en las distintas fiscalías, los fiscales nombrados por Porcell, sus investigaciones no avanzarán.
En su momento se conoció que una de las pocas denuncias en contra de Porcell, que estaba mostrando algo de avance, fue la que se le interpuso por la compra y uso del Metabuscador, un aparato tecnológico que tenía la capacidad de darle seguimiento a correos electrónicos, redes sociales, sociedades, cuentas bancarias y todo tipo de información que se ingresara a su base de datos.
Este medio conoció en su momento que la empresa española Innotec System, cuyos servicios fueron contratados para vender y operar el Metabuscador bajo la administración de Porcell, cerró sus operaciones en Panamá y el Ministerio Público no lograba ubicarla.
Para la adquisición de este equipo, la Procuraduría General de la Nación se comprometió a pagar al contratista español la suma de 610 mil dólares, que incluían $39 mil de impuestos, para el suministro de programas (software) y equipos (hardware).'
Hasta el momento se desconoce cual ha sido la suerte de este caso.
Recientemente, también trascendió que el proceso de secuestro de bienes en contra de la exprocuradora, interpuesto por el expresidente Ricardo Martinelli continúa, luego de que así lo determinó el Primer Tribunal de Justicia.
Los magistrados Miguel Espino y Ariadne García, por mayoría, ratificaron que la exprocuradora Porcell podía ser demandada civilmente y no por sus actuaciones como funcionaria pública, tal como lo definió en su momento la juez tercera, Ana Zita Rowe.
De forma puntual, Rowe indicó que Porcell tenía que ser demandada ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y por ende el Estado panameño, lo que fue desestimado por el Primer Tribunal.
Hay que indicar que aparte de estos dos procesos, la exfuncionaria también fue denunciada por la aparición de los Varelaleaks, filtraciones de los mensajes de WhatsApp del expresidente Juan Carlos Varela con su círculo de allegados. También fue querellada por la llamada “procuraduría paralela”, esto luego de las revelaciones del testigo protegido “Euro 14”.
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