Panamá
Presentan querella penal contra la jueza Baloísa Marquínez
- Redacción / nacion.pa@epasa.com / PanamaAmerica
En la sentencia del caso New Business, la jueza reconoce el principio de especialidad de Martinelli, sin embargo valoró pruebas que violaban este principio.
Equipo de defensa del expresidente Ricardo Martinelli.
La defensa del candidato presidencial, Ricardo Martinelli, presentó una querella penal contra la jueza Baloísa Marquínez por la violación al tratado de extradición entre Panamá y Estados Unidos, al violar el beneficio de especialidad que se le concedió al expresidente.
El abogado Alejandro Pérez explicó que en la sentencia del caso New Business, en la que Martinelli fue condenado a 128 meses de prisión, la jueza reconoce el principio de especialidad del exgobernante, sin embargo valoró pruebas que violaban este principio.
Según Pérez, dentro de ese periodo de tiempo se incorporaron pruebas ilícitas que Marquínez tomó como ciertas y que son parte de la sentencia en contra de Martinelli.
Enfatizó que hay una violación fragante al tratado de extradición entre Panamá y Estados Unidos, además hay una violación al articulo 17 de la Constitución Política, que señala que los servidores públicos tienen que garantizar los derechos de quienes residen en este país.
El abogado recalcó que hay una violación fragante a una serie de deberes contemplados en el Código Judicial y el Código Procesal Penal, con respecto a lo que deben hacer los jueces.
“La primera responsabilidad de cualquier juez es garantizar y defender los derechos fundamentales de las personas que son sometidas al sistema de justicia”, agregó.
Sin embargo, ella ha violado, pisoteado e ignorado la especialidad de Ricardo Martinelli, sostuvo Pérez.
Mencionó que Editora Panamá América S.A (Epasa) sin estar sindicada, ni haber sido investigada y sin haber acudido al proceso, se le está imponiendo la sanción de expropiación al medio de comunicación social.
Pérez destacó que Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) señaló su preocupación por el atentado contra la libertad de expresión.
La SIP indicó que permanecerá vigilante ante las posibles implicaciones para la libertad de prensa que podrían derivar de la incautación del medio.
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