La procuradora general de la nación, Kenia Isolda Porcell, enfrentará mañana una audiencia por una de las siete denuncias que tiene en su contra en la Procuraduría de la Administración, que dirige Rigoberto González.

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De acuerdo con información obtenida por Panamá América, esta audiencia se realizará a las 10 de la mañana en el Salón de Casación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Cabe indicar que las únicas causas penales que investiga quien ocupe el cargo de procurador de la administración son contra la persona que ocupe el cargo de procurador o procuradora de la nación.

"Penalmente yo no puedo investigar a ningún otro funcionario", manifestó el procurador González, al ser abordado sobre el tema por este medio.

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10

de la mañana se tiene programada hacer la audiencia en la Sala de Casación de la Corte Suprema.

38

número de Ley en la que se creó el estatuto de la Procuraduría de la Administración.

Algo que está establecido en la Ley 38 del 31 de julio del año 2000, la cual aprueba el estatuto orgánico de la Procuraduría de la Administración, regula el procedimiento administrativo general y dicta disposiciones especiales.

Específicamente el artículo 5, acápite 8 de dicha ley, le da la potestad al procurador de la administración para instruir las sumarias a que dieren lugar las denuncias o acusaciones presentadas contra el procurador o la procuradora general de la nación.

Entre las denuncias que tiene la procuradora Porcell en la Procuraduría de la Administración por ser resueltas, está la presentada por el grupo de Ciudadanos contra la Corrupción y la Impunidad, por omisión de funciones y violación de la Constitución.

Esta denuncia se debe a una serie de actuaciones que ha venido realizando la funcionaria, específicamente por el caso de los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

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Otra de las denuncias fue interpuesta por el abogado Ricardo Chanis, en la cual pide que esta sea sancionada por todas las actuaciones o diligencias en su contra dentro del expediente N.° 06-17 del Ministerio Público, las cuales han violado sus derechos.

También está la denuncia que le presentó el Movimiento Arraiján 2000, la cual guarda relación con su inconsistencia en el caso de la constructora Odebrecht.

Antes de esta denuncia, Luis Eduardo Camacho, vocero del expresidente Ricardo Martinelli, denunció a Porcell por abuso de autoridad e infracción de los deberes públicos, por permitir que miembros de la sociedad civil revisaran y auditaran expedientes de funcionarios de la pasada administración.

Camacho también denunció a Porcell por extralimitación de funciones, al emitir críticas sobre las actuaciones del Órgano Judicial y también buscar provocar la nulidad en las investigaciones de los papeles de Panamá, que involucra a la firma de abogados Mossack & Fonseca.

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Sumado a esta, un grupo de miembros del partido Cambio Democrático (CD) también denunció a la funcionaria de instrucción por su actuación en el caso Odebrecht y por la aprobación de la hoy Ley 4, que permite la delación premiada o acuerdos de pena.

También está la denuncia presentada por el periodista italiano Diego Dal Boni a finales del 2018.

Ante este número plural de denuncias, Rigoberto González manifestó que las mismas están abiertas y se ha estado realizando una serie de diligencias, a objeto de recabar información de forma tal que les permita contar con toda una serie de documentos para la decisión que haya que tomar.

"La posición que tiene el procurador de la administración es muy simple, denuncia que se presenta, denuncia que se investiga y en función de eso tomar la decisión que corresponda" manifestó González.