La forma en que se estructuró un plan entre el Consejo de Seguridad Nacional y la Procuraduría de la Nación para manejar expedientes de supuestos casos de corrupcón armados mediante presentación de testigos protegidos y negocios de penas a cambio de cooperación con la justicia, aparece hoy descrito en un medio de comunicación local.

Se trata de una trama que según una publicación del diario La Estrella de Panamá inició en la Presidencia de la República bajo la gestión de Juan Carlos Varela y cuyas piezas principales son Rolando López, secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional y Rogelio Saltarín, un abogado penalista cercano a Varela, que utilizan el poder de Kenia Porcell, procuradora de la Nación.

El medio narra que Saltarín actuaba en coordinación con otros abogados y diputados panameñistas. "Había actores secundarios y un club de abogados llamado La Taquilla".

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Una fuente judicial que contactó La Estrella de Panamá indicó que las investigaciones las hacía el grupo de abogados de la Presidencia desde el Consejo de Seguridad.

Saltarín es el coordinador de querellas, revisa, analiza, prepara y recopila material probatorio para la presentación de acciones penales sobre supuestos actos de corrupción de funcionarios de la pasada administración.

Por ello, la firma de abogados Saltarín, Arias & Asociados Auditores Jurídicos, de su propiedad, hizo un contrato de consultoría por 18 meses con el Ministerio de la Presidencia por un monto de $385,200.

Porcell y López se conocieron en la universidad cuando ella era catedrática especializada en temas penales y posteriormente dio el salto al Consejo de Seguridad y ocupa la subdirección y la asesoría legal.

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Esta contratación fue inusual en el Consejo de Seguridad Nacional y el papel que desempeñó la experta en Derecho Procesal Penal fue armar querellas judiciales.

Trabajó en las denuncias del Consejo de Seguridad Nacional y posteriormente al ser asignada como procuradora de la Nación, hizo la investigaciones. 

López siendo subdirector del Servicio Nacional de Migración asisitió al entonces vicepresidente y canciller Varela y cultivó una relación y convertirse en una figura de suma confianza para él, citó La Estrella de Panamá. 

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En tanto Saltarín, indica la publicación fue dotado de plenos poderes. Ocupó diez años diferentes cargos hasta a llegar a ser fiscal del circuito de la Procuraduría de la Nación.

Saltarín es cercano a Juan Carlos Varela. Lo representó en un caso de demanda judicial interpuesta por el expresidente Ricardo Martinelli por el supuesto delito del honor.

Además, en el caso del excónsul Jaime Lasso, la donación de $10 millones para su campaña política provieniente de la empresa Odebrecht y en la denuncia por la compra de Centuria, un yate adquirido por $3 millones de dólares.

En estos momentos, Saltarín se encuentra en la lista de los 20 preseleccionados que busca ocupar el cargo de magistrado a la Corte Suprema de Justicia para la sala penal. 

En dicho reportaje, se revela que el Consejo de Seguridad contaba con una abogada que actuaba como ‘cuasi Procuradora' y un recopilador de material de inteligencia con fines políticos, finalmente el Consejo de Seguridad termina manejando los expedientes de peculado contra funcionarios del gobierno de Ricardo Martinelli.