La mayoría de los casos de persecución política en contra de exfuncionarios de la administración Ricardo Martinelli fueron "armados" de manera ilegal en la Presidencia, desde el inicio de la gestión de Juan Carlos Varela, quien se valió de los servicios de un grupo especial formado al margen de la ley, con destacada participación de su abogado personal, Rogelio Saltarín, y de su jefe de espionaje, Rolando "Picuiro" López.

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Reiteradas denuncias y entregas en medios de Grupo Epasa dan cuenta de esta agrupación nacida para satisfacer deseos de venganza del presidente, una especie de ungidos en la clandestinidad, bautizados como "La Taquilla".

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Es decir, "fiscales, abogados, funcionarios y militares... delincuentes bendecidos por los varelistas", recordó ayer el abogado Sidney Sittón, miembro del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli.

La reacción de Sidney Sittón surge a raíz de información reciente publicada en el diario La Estrella de Panamá que corrobora las denuncias previas sobre una "organización criminal" (como le denomina el abogado Sittón) que opera desde la Presidencia de la República, bajo la responsabilidad del Consejo de Seguridad Nacional (CSN).'

Vínculo

2016 año en que culminó el suntuoso contrato directo que obtuvo Saltarín con el Ejecutivo.

256 mil 800 dólares, monto inicial del contrato de Presidencia con Saltarín, Arias & Asociados.

Aparece ahora como elemento confirmado el papel relevante que ejercía en esta "organización criminal" el abogado penalista y aspirante a magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rogelio Saltarín.

Según una fuente citada por La Estrella de Panamá, Rogelio Saltarín al parecer era el "coordinador" de los abogados panameñistas que actuaban dentro de La Taquilla. De hecho, en mayo pasado, Panamá América reveló el contrato No. 16/20/15 a favor de la firma forense Saltarín, Arias & Asociados, Auditores Jurídicos, que fue refrendado por 256 mil 800 dólares en diciembre del 2015.

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Este contrato inicial (más adelante se incrementó hasta superar los $385 mil) fue la justificación que se inventó el Ejecutivo para concederle a Saltarín el título de "asesor externo" de la Presidencia.

Pero al parecer ejercía como una especie de procurador en paralelo, con amplio acceso a información y poderes que por ley debieron ser competencia privativa del Ministerio Público (MP) y de la procuradora general de la nación, Kenia Porcell.

El propio abogado reconoció el suntuoso contrato y su vínculo con Varela.

Además es de conocimiento público que Rogelio Saltarín representó a Juan Carlos Varela en el pasado, como en el caso de la demanda por $30 millones que le interpuso Ricardo Martinelli, en 2012, investigación cuyo archivo fue tramitado por Saltarín ante el Primer Tribunal Superior.

A Ricardo Martinelli se le toma como cortina de humo para dispersar las graves acusaciones que hace @EstrellaOnline sobre corrupción en @PGN_PANAMA y el Consejo de Seguridad— Sidney Sittón (@sidneysittonU) 1 de octubre de 2018

Incluso Rogelio Saltarín era el nombre que sonaba para procurador al inicio de la gestión Varela, pero el mandatario sorprendió al designar a Kenia Porcell.

Ahora se confirma que Varela tenía otros planes para su abogado Saltarín, que además de beneficiarlo con un contrato directo de "asesoría", le dio poderes en paralelo a la procuradora Porcell, quien al final recibiría los expedientes armados por La Taquilla, con la "coordinación" de Rogelio Saltarín y el respaldo de  Rolando "Picuiro" López.

"Convertir al Consejo de Seguridad en una extensión del MP es un grave error", reaccionó el exdirector de la Policía, Rolando Mirones, quien pidió que esto se investigue... "¿Pero cómo se lleva un caso así a la Procuraduría, si la propia procuradora está mencionada en esto?", se cuestionó.

Y Carlos Lee, de Alianza Ciudadana Pro Justicia, dijo que un procurador en paralelo jamás puede ser tolerado, y recordó que Rogelio Saltarín no fue recomendado para magistrado de la Corte Suprema de Justicia , justo por su relación contractual con Juan Carlos Varela.