Panamá
Servicio de Protección Institucional niega persecución y califica de temerarias acusaciones de jurista
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La institución policial sostiene que las acusaciones que hizo el abogado Justino González, a nombre de 36 agentes, rayan en la calumnia e injuria y sobrepasan la sana crítica y lógica común.
El SPI se pronuncia ante acusaciones que hizo el abogado Justino González en contra de la institución y el viceministerio de la Presidencia.
El Servicio de Protección Institucional (SPI) emitió un comunicado en el que calificó como "calumniosas e injuriosas" las acusaciones que hizo el abogado Justino González en contra de la institución y el viceministerio de la Presidencia.
González acusó al director del SPI, Julio César Jean Louis, y al viceministro de la Presidencia, Carlos García, del traslado "ilegal" de 36 unidades a la Policía Nacional y de la muerte por "negligencia" de un capitán del Servicio.
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El SPI sostiene que las acusaciones de González rayan en lo calumnioso e injurioso y constituyen una "total infamia", porque no toma en consideración una serie de normas legales que sustentan la legalidad de los traslados.
El pronunciamiento del SPI niega categóricamente que en los traslados hubiera "desviación de poder", como aseguró González.
Sustenta que la Resolución 171 de 16 de septiembre de 2019, suscrita por el Presidente de la República, delega en el viceministro de la Presidencia y en el director administrativo del Ministerio de la Presidencia la firma de "todos los actos administrativos de personal y de apoyo económico" en el SPI.
También argumenta que el Decreto Ejecutivo 172 de 2019 establece que el Órgano Ejecutivo podrá autorizar el traslado de miembros del SPI a otras instituciones de seguridad pública, a solicitud de los directores de turno y manteniendo los rangos o su equivalente, con todos los derechos establecidos por las leyes vigentes.
El comunicado califica también como falsa la afirmación de González de que el SPI y la Policía Nacional no se hicieron responsables de pagar el sepelio del capitán Miguel Quintero, fallecido por covid-19.'
36
unidades trasladadas.
Asegura que el SPI le tramitó el pago del seguro de vida del capitán Quintero por $35 mil a la esposa e hijos, lo cual incluía el pago de los servicios funerarios.
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Advierte que la "temeridad" del abogado González va más allá de la "sana crítica y la lógica común", al imputarle por negligencia la muerte del oficial al director del SPI y al viceministro de la Presidencia.
En respuesta, el abogado Justino González calificó el comunicado del SPI como un acto intimidatorio en contra del libre ejercicio del Derecho y contra los 36 agentes y sus familiares que hicieron las denuncias.
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