El presidente del Poder Judicial de Perú, Javier Villa Stein, dijo hoy que si el Gobierno de Lima ya concedió asilo a tres ex ministros bolivianos, requeridos en su país por "genocidio", este asunto "no puede ser tocado" porque fue sometido a "un control de politicidad".
"En uso de sus atribuciones y soberanía, (se) tiene que evaluar y hacer el control de politicidad en el tema y si el Estado peruano ya consintió el asilo, es un asunto que no puede ser tocado", manifestó Villa Stein en declaraciones citadas por la agencia estatal Andina.
Por su lado, el decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Walter Gutiérrez, comentó hoy que el pedido de extradición resulta improcedente debido a que los ex ministros ya cuentan con el estatus jurídico de asilado o refugiado.
La Corte Suprema de Bolivia aprobó ayer una resolución para solicitar a la justicia peruana la detención y extradición de tres ex ministros del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) asilados y refugiados en Perú.
Se trata de Jorge Torres Obleas, Mirtha Quevedo y Javier Torrez Goitia, quienes figuran entre los 17 acusados por nueve delitos cometidos en las protestas de octubre de 2003, que se saldaron con 60 muertos.
El Ejército y la Policía boliviana reprimieron durante esas protestas a sectores sociales opuestos a un proyecto de exportación de gas hacia Estados Unidos por puertos de Chile, país con el que Bolivia no tiene relaciones diplomáticas.
Quevedo, Torres Obleas y Torrez Goitia, declarados "en rebeldía" en mayo pasado por no haberse presentado a la audiencia para iniciar el juicio, salieron de Bolivia sin las autorizaciones pertinentes, pese a tener un proceso en contra, y buscaron asilo político en Perú.
La decisión del Gobierno Lima de concederles asilo y refugio contribuyeron a deteriorar aún más las relaciones entre Perú y Bolivia.
Actualmente, los dos países están enfrentados por unas recientes declaraciones del presidente peruano, Alan García, sobre un supuesto "acuerdo bajo la mesa" entre La Paz y Santiago de Chile sobre la reivindicación boliviana de recuperar su litoral en el Pacífico.
Además, el embajador peruano en La Paz, Fernando Rojas, ha sido llamado a consultas por su Gobierno en dos ocasiones en menos de un año, y Lima ha enviado no menos de diez notas de protesta al Ejecutivo boliviano, casi siempre por las reiteradas declaraciones de hostilidad de Morales contra García.
