La ley de amnistía brasileña de 1979 centró el juicio contra Brasil que concluyó hoy en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), por su posible relación con la impunidad de los autores de los crímenes de la dictadura.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se encarga de elevar las demandas ante la Corte, presentó hoy, en el último día de debate, al perito colombiano Rodrigo Uprimny, experto en "justicia transicional", quien se refirió a la necesidad de investigar los crímenes contra los derechos humanos, a pesar de que exista una amnistía.
"Brasil llevó a cabo una transición democrática admirable y envidiable, pero aún subsisten enclaves autoritarios que provocan un déficit en el Estado de derecho que lo hace estar en deuda con las víctimas", afirmó el experto ante los jueces de la CorteIDH, que tiene su sede en Costa Rica.
La audiencia de dos días por el caso Gomes Lund (Guerrilla de Araguaia) contra Brasil, se refiere a la desaparición forzada de 70 personas ocurrida entre 1972 y 1975 durante una operación que buscaba erradicar la guerrilla de Araguaia, en el estado de Pará, en el marco de la dictadura militar brasileña (1964-1985).
Uprimny explicó que los jueces de la CorteIDH deben analizar "las particularidades" de la amnistía brasileña y determinar si es compatible con los estándares internacionales fijados por el mismo tribunal en casos contra otros países.
Uno de los objetivos de los familiares de las víctimas que impulsan la demanda es que la CorteIDH declare que las violaciones a los derechos humanos no son sujetas a amnistía.
El juicio en la Corte se llevó a cabo luego de que el pasado 29 de abril el Supremo Tribunal Federal de Brasil se negara a revisar la aplicación de la Ley de Amnistía a funcionarios estatales.
Por su parte, el Estado brasileño presentó hoy como perito al corregidor nacional de Justicia, Gilson Dipp, quien defendió la ley de amnistía y la decisión tomada por el Tribunal Federal de Brasil que, dijo, "acabó la discusión jurisdiccional" al respecto.
Aseguró que la resolución fue redactada por "jueces de ética intachable, independientes y autónomos" y subrayó que "el Poder Judicial brasileño es uno de los más independientes y autónomos del mundo".
Carlos Eduardo Oliveira, miembro de la dirección de Derechos Humanos de la cancillería brasileña, declaró a Efe que la amnistía se enmarca en "un proceso más amplio de justicia transicional".
Se le llama justicia transicional a la que adoptan las sociedades que emprenden transiciones democráticas tras un período de violación generalizada de los derechos humanos con el fin de reconocer a las víctimas y promover iniciativas de paz, reconciliación y democracia.
Explicó que en ese proceso se "perdonó a personas que habían cometido actos violentos contra el Estado y también a agentes del Estado que cometieron violaciones en el marco de la represión política".
Oliveira aseguró que en 2009 se integró una comisión de búsqueda que hasta el momento ha encontrado 12 cuerpos, de los cuales se han identificado dos.
"El Estado reconoce que es su obligación emprender esfuerzos para identificar los cuerpos y garantizar a las víctimas el derecho de saber la localización de los restos mortales de sus familiares, para que las puedan sepultar", dijo Oliveira.
Sin embargo, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que actúa como representante de las víctimas, ha asegurado que el Estado interpuso diversos recursos de apelación a una sentencia dictada en 2003 por un tribunal local, que ordenó abrir los archivos militares y buscar a los desaparecidos.
CEJIL afirmó que tras esos recursos, la sentencia quedó en firme en 2007, pero criticó que no fuera hasta dos años después que el Estado creó la comisión de búsqueda.
Los familiares de las víctimas acusaron el jueves, en su comparecencia ante los jueces, al Gobierno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva de obstaculizar la Justicia en este caso y afirmaron que el mandatario brasileño está "atado" a aliados "representantes de la dictadura" que tienen cargos "importantes" en el Gobierno.
El juicio concluyó hoy con los alegatos finales de las partes y a partir de ahora los jueces estudiarán el caso y emitirán una sentencia en los próximos meses.
