La Asamblea Nacional de Panamá rechazó hoy y devolvió al Ejecutivo el proyecto de ley de salud sexual y reproductiva, criticado por la iglesia Católica panameña por considerar que atenta contra elementos básicos de la sociedad.
La decisión de suspender las consultas al proyecto de ley de salud sexual y reproductiva y devolverlo al Ejecutivo fue aprobada por 4 de los 7 diputados integrantes de la comisión que se encargó de llevar el proceso ante la sociedad civil, informó la Asamblea Nacional en su portal de internet.
Esta medida, de carácter definitivo, "no solo trajo diferencias entre los sectores que apoyan y rechazan (el proyecto), sino que produjo criterios encontrados entre los propios diputados de la subcomisión de Salud que acordó tal decisión", reconoció el Legislativo.
"El debate, lejos de reforzar los lazos de unidad, hermandad y solidaridad, creaba un ambiente de desintegración", recalcó la Asamblea.
El secretario de la subcomisión legislativa de Salud, Cipriano Adames, que apoyaba el proyecto, expresó que el informe es producto de una reunión sostenida con la Curia Metropolitana y que ya estaba elaborado con anticipación, según la información.
Adames subrayó que "jamás se le consultó", lo que indicaba que el acuerdo "estaba preparado de antemano en conjunto con las organizaciones que lo adversan".
Un criterio opuesto emitió el diputado Vladimir Herrera, quien también es miembro de la subcomisión parlamentaria de Salud y sostuvo que el documento fue sometido "a la mayor consulta posible sin que se llegara a un consenso".
El presidente de la comisión legislativa de Salud, Juvenal Martínez, consideró que "gravitar un tema como este sería llevar a una confrontación innecesaria", y que espera que los ministerios de Educación, Salud y la Asamblea Nacional preparen "una iniciativa refrescante y constructiva que una a los panameños".
Martínez también rechazó las afirmaciones vertidas por Adames y aclaró que el informe votado surgió de la consulta entre los miembros de la subcomisión y que no fue impuesto por la iglesia.
El proyecto fue elaborado por los ministerios de Educación, Desarrollo Social y Salud, la Asociación para el Planeamiento de Familiar y la Caja del Seguro Social, principal casa de salud pública.
La ley, que incluye modificaciones propuestas por escrito por la iglesia, contempla la confección de una guía sexual para alumnos de primaria (entre cinco y doce años), en la que se les advierte cómo prevenir enfermedades de transmisión sexual y los riesgos de iniciarse en relaciones anticipadamente.
Este apartado generó un gran revuelo entre las denominadas asociaciones "profamilia" de Panamá, que denunciaron la propuesta educativa por violar el derecho de los padres a decidir sobre la educación sexual de sus hijos.
El pasado 6 de octubre, el arzobispo de Panamá, José Dimas Cedeño, envió una carta al presidente de la Asamblea Nacional, Raúl Rodríguez, expresando su "evaluación negativa" del proyecto y auspiciando "un diálogo más amplio a nivel de la sociedad sobre este fundamental asunto".
El arzobispo, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Panameña (CEP), afirmó que el proyecto "afecta gravemente en muchos aspectos los elementos básicos" de la sociedad panameña, como el que antepone la responsabilidad del Estado a la potestad de los padres de familia, entre otros.
