La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que agrupa a propietarios y directores de diarios de Bolivia, afirmó hoy que el decreto del presidente Evo Morales para reglamentar la ley contra el racismo viola "la libertad de expresión".
La ANP criticó en un comunicado que el decreto establezca, "entre otros castigos", que los medios de comunicación sean inhabilitados de 150 a 360 días si es que son sancionados por tercera vez por la supuesta difusión de contenidos considerados racistas.
"Ningún medio podrá sobrevivir con sanciones de esa magnitud si en ese lapso no le ingresara ni un solo centavo y deberá cumplir con todas sus obligaciones laborales, sociales y administrativas", indica el texto.
También critica que sea la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), que depende del Ejecutivo, la entidad que defina las sanciones a los medios porque se dará paso "a la adopción de medidas arbitrarias y sesgadas por intereses políticos".
Además de por vía administrativa, la norma establece también que los medios podrán ser sancionados judicialmente si atentan contra la denominada ley antirracismo, dependiendo de la gravedad del caso.
El decreto presidencial establece sanciones económicas si un medio es castigado por primera y segunda vez, antes de disponer la suspensión de su funcionamiento hasta por 360 días.
La norma "ratifica la censura y la autocensura" cuando señala que el medio deberá interrumpir una declaración cuando algún entrevistado emita ideas racistas o discriminatorias, indica la ANP.
Las asociaciones de diarios y de periodistas de Bolivia han señalado varias veces que no se oponen a la ley contra el racismo, sino que ha advertido sobre las consecuencias para la libertad de prensa y la vigencia de la democracia de dos de sus artículos.
El artículo 16 de la Ley contra el racismo y toda forma de discriminación establece que el medio de comunicación "que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento, sujeto a reglamentación".
El artículo 23 de la misma norma establece que "cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegar inmunidad ni fuero alguno".
La ANP expresó también su preocupación porque la ministra de Justicia, Nilda Copa, advirtió que este año está previsto que se elabore una Ley de Medios que ampliará "los tipos de sanciones", lo que demostraría "las intenciones del Gobierno de adoptar nuevos mecanismos legales para acabar con la libertad de expresión".
