La Cámara de Minería de Ecuador considera que "lamentablemente" la nueva ley de minería aprobada por la Comisión Legislativa pese al rechazo de varios grupos sociales "no es competitiva", según declaraciones de su presidente, César Espinosa, publicadas hoy por la prensa local.
En una entrevista con el diario El Universo, Espinosa afirmó que a raíz de la nueva ley, que aún tiene que ser ratificada por el Ejecutivo, "la situación del sector (minero) ecuatoriano va a ser de desventaja frente a las leyes que tienen otros países como Perú y Chile".
Para Espinosa, esa falta de competitividad, unida a la crisis financiera internacional, hará difícil "que el sector capte nuevas inversiones, pues las empresas van a priorizar sus recursos en naciones donde se les entreguen mejores condiciones para el desarrollo de la actividad".
El presidente de la Cámara de Minería reclamó que en la elaboración del proyecto de la ley no se prestara atención a las propuestas que entregaron "de forma reiterada" y que se dirigían a conseguir inversión para el sector.
No obstante, Espinosa reconoció que temas como el control social, el ambiental y la participación ciudadana "se han tratado correctamente" en la nueva ley.
Asimismo el representante minero indicó que espera que "la norma sea modificada para el bien del país, antes de que la apruebe el presidente", Rafael Correa.
Correa aseveró ayer en su informe sobre el estado de la nación que el Gobierno "no va a dar marcha atrás en la ley de minería porque el desarrollo responsable de la minería es fundamental para el progreso del país".
El pasado lunes, la Comisión Legislativa, que hace las funciones de Parlamento hasta las próximas elecciones del 26 de abril, tramitó el proyecto de la nueva ley minera y lo hizo llegar al Ejecutivo para su definitiva aprobación.
La elaboración de la nueva ley levantó polémica entre los grupos indígenas y ecologistas que la rechazan por considerar que favorece a las grandes mineras frente a la minería artesanal y que amenaza el medio ambiente y las fuentes de agua.
Esos grupos convocaron una marcha a nivel nacional para el próximo 20 de enero en protesta por la ley, una acción que se suma a las diversas manifestaciones que desde principios de mes se suceden en las provincias del sur del país.
