La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) dijo hoy que analiza las acciones a tomar para intentar revertir los duros reveses recibidos con los fallos judiciales que absolvieron al expresidente Alfonso Portillo y al exdirector del Sistema Penitenciario Alejandro Giammattei, a quienes acusa de corrupción.
"Lo único que podemos indicar en este momento es que se están analizando detenidamente los fallos para decidir las acciones" que se promoverán para tratar de neutralizar esas decisiones de la Justicia de Guatemala, dijo este miércoles a Efe un portavoz de la Cicig, organismo adscrito a las Naciones Unidas.
La Comisión comenzó a operar en septiembre de 2007 con la misión de investigar y desmantelar a los grupos criminales incrustados en el Estado para promover y fomentar la impunidad a su favor, y desde entonces ha logrado importantes avances en esa lucha.
Los casos en contra de Portillo y Giammattei son considerados "emblemáticos" para la Cicig, por tratarse de dos altos funcionarios que habría hecho parte de distintas estructuras criminales dentro del Estado.
El fallo absolutorio emitido el lunes por un tribunal penal a favor de Portillo y dos de sus exministros, todos acusados del desvío de unos 15 millones de dólares del Ministerio de la Defensa a cuentas privadas, fue calificado por la Comisión como un reflejo la impunidad que prevalece en Guatemala.
Las "numerosas pruebas contundentes" presentadas por la Fiscalía, según la Cicig, eran suficientes para condenar a los tres acusados, pero dos de las tres juezas que integraron el tribunal las consideraron insuficientes.
Para revertir el fallo, la Cicig y la Fiscalía han anunciado que agotarán todos los recursos que les otorga la legislación guatemalteca "para que la impunidad retroceda".
Aunque la decisión del Tribunal Undécimo de Sentencia Penal ordenó la libertad inmediata de los procesados, esa medida sólo aplicará a los exministros de Defensa Eduardo Arévalo y de Finanzas Manuel Masa.
Portillo, por su parte, permanecerá en prisión debido a que aún existe en su contra un proceso de extradición a Estados Unidos -que lo reclama por delitos de conspiración y lavado de unos 70 millones de dólares- autorizada el pasado 30 de abril por la Cámara de Amparos de la Corte Suprema de Justicia.
El exgobernante (2002-2004) ha dicho que sus abogados apelarán ante la Corte de Constitucionalidad la decisión de la Cámara de Amparos porque, dijo, la absolución del proceso en Guatemala le favorece para evitar la extradición.
La Cicig aún no se ha pronunciado respecto al caso de Giammattei, que ayer fue absuelto en el proceso contra de ex funcionarios del Gobierno de Óscar Berger (2004-2008) acusados de integrar una estructura criminal responsable de asesinar a reos.
Sin embargo, una fuente cercana a la Comisión afirmó a Efe que "hay evidentes incongruencias en esa resolución, porque la jueza desvincula del caso a unos pero ordena enjuiciar a otros".
La jueza Patricia Flores, titular del Juzgado de Alto Riesgo, absolvió a Giammattei con el argumento de que la Fiscalía no pudo probar su participación en la muerte de siete reos en septiembre de 2006.
Flores también benefició con los mismos argumentos a Edwin Rivera, Mario García y Óscar Díaz, pero ordenó enjuiciar a otros cinco procesados, entre ellos el exjefe policial Víctor Soto.
La Cicig se ha abstenido de calificar las decisiones de las juezas que han beneficiado a Portillo y Giammattei, pero en un comunicado el martes pidió a la sociedad guatemalteca "exigir un sistema judicial imparcial, equitativo e independiente".
Solo de esa forma, subrayó la Comisión, se garantizará en Guatemala "una administración de justicia apegada a derecho, pronta y transparente para todos los ciudadanos".
