La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó hoy la ejecución en Estados Unidos de David Powell y Ronnie Lee Gardner, dos reos para los que había pedido medidas de protección.
Powell fue ejecutado en el estado de Texas el 15 de junio con el método de la inyección letal, y Gardner fue ajusticiado tres días más tarde en Utah por un pelotón de fusilamiento.
La CIDH, un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), lamentó en un comunicado que "esta no es la primera vez que Estados Unidos ejecuta a una persona beneficiaria de medidas cautelares".
La Comisión instó a los Estados Unidos a aplicar todas las medidas cautelares que dicte el organismo, y a "respetar plenamente sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, establecidas en la Declaración Americana".
"El desconocimiento por parte de un Estado miembro de la OEA de una solicitud de que se preserve la vida de un recluso condenado a muerte mientras se examina la petición que éste haya presentado contraviene las obligaciones internacionales de ese Estado", indicó.
El organismo concede "medida cautelares" en casos que considera de gravedad y urgencia, a iniciativa propia o a petición de los afectados, para solicitar al Estado concernido la adopción de medidas para evitar daños irreparables a las personas.
La CIDH otorgó medidas cautelares a favor de David Powell, que se encontraba preso en espera de la ejecución de su sentencia a muerte desde 1978, por considerar que había habido una presunta violación de derechos recogidos en la Declaración Americana de Derechos Humanos, alegando presuntas irregularidades en el proceso.
Asimismo, la petición alegaba que el "extenso" período de tiempo en el que Powell estuvo en la cárcel en espera de la ejecución de la pena de muerte es "un castigo cruel e inusual".
Por otra parte, el 17 de junio, la CIDH pidió protección para Ronnie Lee Gardner, que también llevaba esperando la aplicación de su condena desde 1985.
En este caso, las medidas cautelares se pidieron alegando una presunta falta de debido proceso judicial y al igual que en el caso anterior, que los veinticinco años en la cárcel en espera de la ejecución de la pena de muerte eran un "castigo cruel e inusual".
A través de las medidas cautelares, la Comisión había solicitado a Estados Unidos que no ejecutara la pena capital en ambos casos, hasta que se decidiera sobre las reclamaciones sobre las presuntas violaciones de la Declaración Americana.
