La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH expresó hoy su profunda preocupación por el asesinato de los periodistas Juan Francisco Rodríguez Ríos y María Elvira Hernández Galeana, en el estado mexicano de Guerrero.
El órgano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, dependiente de la OEA) instó al Estado mexicano a realizar todos los esfuerzos necesarios para esclarecer "de forma pronta y efectiva" estos crímenes, de modo que los responsables sean juzgados y debidamente sancionados.
Asimismo, urgió una vez más a la adopción de mecanismos de protección de los periodistas en riesgo y a la implementación de medidas eficaces de lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos contra los comunicadores.
En 2009, al menos diez periodistas fueron asesinados en México.
El estado de Guerrero, donde el año pasado fueron asesinados tres periodistas, se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos para la práctica del periodismo en toda la región, denunció la CIDH.
En los primeros meses de 2010 seis periodistas fueron asesinados, y, al menos, cinco secuestrados.
Según la información recibida, Rodríguez Ríos, corresponsal del periódico El Sol de Acapulco, en Coyuca de Benítez, y Elvira Hernández Galeana, editora del semanario Nueva Línea, fueron abatidos por disparos el pasado 28 de junio por la noche.
El crimen se produjo en un local de Internet propiedad de los reporteros asesinados.
Rodríguez Ríos era además dirigente local del Sindicato Nacional de Redactores de Prensa.
Unas horas antes de su asesinato, Rodríguez Ríos había cubierto el décimo quinto aniversario de la Masacre de Aguas Blancas, un hecho ocurrido en 1995 en el que murieron 17 campesinos a manos de la Policía del estado de Guerrero.
La Relatoría exhortó al Estado mexicano a que conduzca de manera eficaz las investigaciones existentes sobre los crímenes contra los comunicadores y a que adopte, cuanto antes, medidas "indispensables" para proteger el libre ejercicio del periodismo.
Esas medidas consisten en fortalecer la Fiscalía Especial, "federalizar" los delitos cometidos en contra de periodistas e implementar mecanismos permanentes de protección especializados para garantizar la vida y la integridad de los comunicadores en riesgo.
