La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció hoy la concesión de medidas cautelares para proteger a miembros de las organizaciones colombianas Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) y la Liga de Mujeres Desplazadas.
Enrique Rojas Rodríguez, Marco Romero Silva y Edna Bibiana Ortiz son los miembros de CODHES beneficiarios de las medidas de protección ordenadas por la CIDH el pasado 16 de noviembre, según informó hoy el organismo en un comunicado.
Según la CIDH, los tres han sido objeto de "interceptaciones telefónicas, seguimientos y otras actividades de inteligencia" por parte de agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Además, se encuentran "en una situación de riesgo, en vista de alocuciones de altos funcionarios públicos contra el desarrollo de sus actividades", que consisten en la defensa de personas en condición de desplazamiento forzado.
La CIDH pidió al Estado de Colombia adoptar medidas "para garantizar la vida y la integridad personal" de los activistas, así como protegerlos cuando se desplacen a zonas de conflicto y proveer protección en torno a la sede del CODHES.
En el caso de la segunda organización beneficiada, la Liga de Mujeres Desplazadas de Cartagena (LMD), las medidas se solicitaron el 18 de noviembre para proteger a la familia de Doris Berrio Palomino, cuyo hijo, Jair Pantoja Berrio, fue asesinado el 31 de agosto.
Según la solicitud de medidas cautelares, el asesinato de Jair Pantoja Berrio, activista y fundador de la Liga Joven de LMD, tuvo lugar a pesar de que su familia cuenta con medidas de seguridad proporcionadas por el Estado colombiano.
El organismo asegura que la Corte Constitucional de Colombia se había pronunciado en tres ocasiones sobre la situación de riesgo de los integrantes de LMD, y que ellos mismos habían informado al Ministerio del Interior de ese país sobre la ineficacia de las medidas de seguridad con las que contaban.
La Comisión pidió al Estado que esclarezca los hechos del asesinato, que proteja a la familia Berrio y que responda a las denuncias que aseguran que los miembros de la LMD son víctimas de actos de violencia y amenazas, presuntamente perpetrados por grupos armados al margen de la ley.
