La Corte de Justicia de la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, resolvió hoy aceptar la apelación presentada por el canal ecuatoriano Teleamazonas, sobre la suspensión de sus emisiones, por tres días, aplicada por la Superintendencia de Telecomunicaciones en diciembre pasado.
La cadena televisiva fue sancionada por emitir informaciones basadas en supuestos, que pudieron generar eventuales conmociones sociales, aunque el canal negó los cargos y argumentó que se vulneraban preceptos legales en el proceso.
La cadena informó que la primera sala de la Corte, ante la cual la empresa presentó la apelación, decidió que la sanción impuesta por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel) "vulneró principios constitucionales".
Pablo Ortiz, uno de los abogados del canal, declaró que desde el principio el argumento de Teleamazonas fue que se había violado la Constitución y aseguró: "ahora los jueces nos están dando la razón".
Según el canal, el fallo señala que la resolución de la Supertel "vulneró" principios constitucionales como "el debido proceso, la tutela judicial efectiva o la libertad de pensamiento, comunicación e información, no sólo del accionante (acusado) si no de toda la ciudadanía".
Se "violentó el principio de legalidad, porque nos sancionaron con base en un reglamento" de radio y televisión que quedó derogado con la vigencia de la nueva Constitución del país, aprobada en referendo en 2008, afirmó Ortiz.
El canal añadió que la Corte estableció también en la sentencia, que sería "de última instancia y no susceptible de apelación", "el pago de daños y perjuicios por concepto de la pérdida o detrimento de los ingresos por el cierre", que, según Ortiz, aún no se han determinado.
El medio señaló que en el fallo los jueces pidieron además que la Supertel "brinde las garantías necesarias para que lo ocurrido con Teleamazonas no vuelva a repetirse".
La decisión de la Corte responde a una apelación que el canal presentó el pasado 7 de enero ante la negativa que recibió de un juzgado de Quito a un recurso de protección sobre la suspensión de sus emisiones, por 72 horas, dispuesta por la Supertel entre el 22 y el 25 de diciembre pasado.
Entonces, la autoridad de Telecomunicaciones sancionó a Teleamazonas, cadena crítica al Gobierno, por haber transmitido un reportaje sobre la supuesta afectación de las actividades pesqueras en la isla Puná debido a la exploración de gas natural a cargo de la petrolera venezolana PDVSA.
La Supertel consideró que esa información estaba basada en supuestos y que, eventualmente, podía haber causado una conmoción social en la zona.
Teleamazonas alegó, por su parte, que el reportaje por el que fue sancionada no se basó en supuestos sino que transmitió el temor de los pescadores de la zona.
Además, la Supertel estudió otros dos expedientes contra el canal, por haber emitido corridas de toros en horarios no permitidos y por informar de un supuesto centro clandestino electoral en torno a los comicios generales de abril pasado.
El expediente sobre el tema del gas en la isla Puná fue el tercero contra Teleamazonas, que podía haber sido sancionado, según el reglamento de radio y televisión, hasta con tres meses de suspensión, aunque la autoridad fijó tres días, tras los cuales, la cadena volvió a transmitir con normalidad.
De su lado, la Supertel no se ha pronunciado aún sobre el fallo de la Corte y ha señalado que en las próximas horas emitirá su postura al respecto.
