La Corte Constitucional deja sin vigencia el polémico acuerdo militar Colombia-EE.UU.
Manila
La Corte Constitucional colombiana dejó hoy sin vigencia el acuerdo militar firmado entre los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos en 2009 hasta que la iniciativa surta los trámites propios de un tratado internacional, es decir, sea aprobada por el Congreso.
Así lo anunció el presidente del alto tribunal, Mauricio González Cuervo, quien constató que éste no es un acuerdo simplificado sino que "involucra nuevas obligaciones del Estado Colombiano, así como una extensión de las adquiridas con anterioridad, por lo que debió ser tramitado como un acuerdo internacional".
Esto, en palabras del magistrado González, significa que debió ser "sometido a la aprobación del Congreso de la República y revisado posteriormente por la Corte Constitucional".
Para el alto tribunal, el acuerdo firmado entre Colombia y EE.UU. en octubre de 2009 involucra compromisos como autorización para "acceder y utilizar instalaciones militares por personal militar y civil extranjero", "libre circulación de buques, naves, aeronaves y vehículos tácticos extranjeros por el territorio nacional, sin posibilidad de inspección o control por las autoridades nacionales".
Igualmente, autoriza el uso y porte de armas en Colombia "por personal extranjero" y la "extensión de un estatuto de inmunidades y privilegios diplomáticos para contratistas y subcontratistas, así como personas a cargo del personal de los Estados Unidos".
Por esos motivos, la Corte decidió, sin cuestionar el contenido del convenio, remitirlo "al presidente de la República para que imparta el trámite constitucional propio de tratados internacionales".
Si el Gobierno decide enviar la iniciativa al Congreso, y si es aprobado, el documento volverá a la Corte para que surta nuevamente los controles constitucionales, y si procede, hacer un estudio de fondo del tratado.
La Corte explica que las relaciones de ayuda, "asistencia y cooperación entre Colombia y Estados Unidos podrán regirse por los tratados" firmados con anterioridad al 30 de octubre de 2009, fecha en la que firmaron el convenio militar el entonces canciller colombiano, Jaime Bermúdez, y el embajador de EE.UU. en el país andino, William Brownfield.
Así, ningún militar o personal técnico norteamericano que esté en el país debe abandonarlo pues se ampara en otros tratados.
Lo que procede ahora es que el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos lo presente ante el Congreso, pero también podría aprovechar para renegociar el contenido con Washington, opción que igualmente le obligaría a pasar el trámite parlamentario.
Cuando se conoció de este acuerdo, hace ahora un año, los Gobiernos de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua criticaron la iniciativa al considerarla una amenaza "contra la soberanía y la estabilidad de la región".
Fue a partir de ahí que la ONG colombiana Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo presentó una demanda ante la Corte Constitucional.
El Gobierno colombiano siempre sostuvo que el acuerdo no era nuevo, sino una extensión de los convenios suscritos desde 1974 con Estados Unidos.
De acuerdo con el texto, los soldados estadounidenses no superarían los 800 en Colombia ni más de 600 contratistas del Pentágono podrían estar en el país, lo que fue autorizado en 2000 con el Plan Colombia, una estrategia antidrogas que luego se amplió a la lucha contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La base aérea de Palanquero, en el centro de Colombia, para la cual el Congreso de Estados Unidos autorizó un desembolso de 46 millones de dólares para su adecuación, era el eje del total de siete instalaciones a las que los militares estadounidenses tendrían acceso mediante el acuerdo.
Las bases están en Larandia (departamento de Caquetá), Tolemaida (Tolima), Malambo (Atlántico), Palanquero (Cundinamarca), Apiay (Meta), Cartagena (región Caribe) y Málaga (Pacífico).
En respuesta, el Gobierno colombiano acató hoy el fallo del alto tribunal y señaló, a través del ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, que "estudiará detalladamente dicha decisión a la luz de las normas del Derecho Internacional, los acuerdos vigentes y las demás normas aplicables".
Rivera insistió en "la importancia fundamental de la cooperación entre Colombia y los Estados Unidos" durante décadas "en asuntos de seguridad y defensa, y particularmente en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo".
El acuerdo militar entre Colombia y EE.UU. aisló a Uribe y convulsionó a la región
El acuerdo militar de Colombia con Estados Unidos, que la Corte Constitucional devolvió hoy a la Presidencia de la República para que se le de trámite parlamentario, convulsionó la región y copó la agenda latinoamericana durante todo el segundo semestre del año pasado. La iniciativa, que para ser constitucional debería haber pasado por el Congreso, como lo reclamaron en su momento algunos sectores del país, amenazó también con aislar más al Gobierno del ahora ex presidente colombiano Álvaro Uribe. El "Acuerdo Complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad", como se denomina el controvertido convenio y que abrió siete bases del país andino a tropas y contratistas de Estados Unidos, quedó así sin efecto, por ahora, diez meses después de su firma en Bogotá. El documento fue rubricado el 30 de octubre de 2009 por el entonces ministro colombiano de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez, y el embajador de Estados Unidos en Bogotá, William Brownfield. Ambos lo firmaron en medio de un ambiente regional caldeado por la postura en contra de varios Gobiernos y la férrea defensa de Colombia, cuyo jefe de Estado de entonces, Álvaro Uribe, buscó disipar los temores mediante una maratoniana gira. Las primeras versiones sobre el acuerdo en trance se conocieron a mediados de 2009, cuando Washington preparaba el desalojo de la base de Manta, en Ecuador, por la decisión del presidente de este país, Rafael Correa, de no prorrogar el contrato de 1999 que le permitía operar desde allí. En un discurso ante el Congreso, Uribe sostuvo el 20 de julio del año pasado que la iniciativa que venía negociando su Gobierno era "para fortalecer bases militares colombianas, no para abrir bases norteamericanas". Uribe garantizó que dicho convenio sería "regido por principios como la igualdad soberana, la integridad territorial y la no intervención en asuntos internos de otros Estados". El primer gobernante de la región en levantar la voz en contra fue el venezolano Hugo Chávez, para quien dicho acuerdo era una amenaza para su país. Chávez lo dijo el 21 de julio del año pasado, cuando se lamentó de que Colombia abriera puertas a quienes "agreden constantemente" y "preparan nuevas agresiones" contra Venezuela. Por ello decidió, semanas después, revisar las relaciones de Venezuela con Colombia, que las congeló desde el punto de vista diplomático y comercial ocasionando grandes estragos a las economías de ambos países. En medio de llamamientos a la intervención de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la postura del venezolano fue acogida por los gobernantes de países como Nicaragua, Daniel Ortega; Bolivia, Evo Morales; Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, o de Chile, la ahora ex presidenta Michelle Bachelet. "Respetamos la soberanía internacional y las decisiones de cada país, pero (...) vamos a ver cómo esas decisiones afectan al resto de los países, que estamos inquietos", reconoció Bachelet durante un encuentro con Lula antes de la cita de la Unasur celebrada a comienzos de septiembre del año pasado en Quito. Lula la acompañó con esta frase: "la soberanía es intocable y a mí no me agrada nada una base estadounidense en la región, pero así como no quiero que Uribe se entrometa en mi Gobierno, prefiero no dar opiniones en las decisiones de Uribe". Como Chávez, el boliviano Morales opinó por entonces que el propósito de Washington era lanzar desde bases colombianas acciones contra "los procesos revolucionarios que se gestan en América". La polémica llevó a Uribe a organizar en horas una gira por Perú, Chile, Brasil, Paraguay, Argentina, Bolivia y Uruguay "para abordar los temas del terrorismo en Colombia, sus riesgos y los asuntos relacionados con Unasur", según el objetivo oficial del periplo, anunciado el 3 de agosto del año pasado. Para entonces, el Gobierno estadounidense ya tenía asignados 46 millones de dólares para "ampliar la plataforma de aterrizaje" de Palanquero, una de las siete bases incluidas en el acuerdo y, por su ubicación en el centro de Colombia, considerada "estratégica". El asunto volvió al ámbito de la Unasur, con una cumbre extraordinaria celebrada el 28 de agosto en Bariloche (Argentina), y adonde Uribe acudió con el mismo mensaje de tranquilidad que había entregado en su gira regional previa. Uribe dejó el poder el pasado 7 de agosto, cuando asumió su correligionario y ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos, convencido de la bondad de este acuerdo, que defendió siempre como complementario del que estaba en vigor entre ambos países desde 1974.
