El presidente de la Corte Suprema de Chile, Milton Juica, denunció hoy que las cárceles del país sufren un "colapso absoluto" y exigió a las autoridades una "solución inmediata" tras el incendio que en diciembre causó la muerte a 81 reos.
"La situación penitenciaria en Chile se encuentra en un estado de colapso absoluto y de irrespeto grave a los derechos y garantías de quienes están privados de la libertad, lo que requiere una solución inmediata por quienes tienen la obligación de hacerlo", exigió Juica.
El presidente del alto tribunal recordó que sucesos como el ocurrido el 8 de diciembre en la cárcel de San Miguel, en Santiago, "fácilmente se olvidan", aunque en su opinión "se producen con una frecuencia inaceptable".
Juica hizo estas declaraciones durante la entrega de la cuenta pública del Poder Judicial y la inauguración del Año Judicial 2011, a la que asistieron el ministro de Justicia, Felipe Bulnes; el fiscal nacional, Sabas Chahuán, y el presidente del Senado, Jorge Pizarro.
Por su parte, el ministro anunció que esta semana comunicará "las modificaciones administrativas e institucionales" decididas tras el incendio en el penal, aunque puntualizó que los cambios no contemplan la destitución del director de Gendarmería, Luis Masferrer.
Felipe Bulnes aseguró que Masferrer, en el cargo desde mayo de 2010, no ha sido "parte de los problemas" sino "de las soluciones" para mejorar la situación de las cárceles chilenas, cuyos niveles de hacinamiento están entre los más altos de Latinoamérica.
En el marco de la investigación sobre la tragedia de San Miguel, la fiscalía solicitó ayer a un Juzgado de Garantía de Santiago formalizar (procesar) a ocho miembros de Gendarmería (guardia de prisiones) por su presunta responsabilidad en la muerte de los 81 reclusos.
Entre los afectados figura el director regional de Gendarmería, Carlos Bustos, que hoy presentó su renuncia al cargo.
"Me voy con el convencimiento de la labor realizada, de haber dado mis mejores esfuerzos y de haber tenido logros institucionales gracias a un trabajo serio y responsable" y al desempeño de los miles de trabajadores de esa institución, señaló en un comunicado.
Según la Fiscalía, al parecer Bustos, que es la máxima autoridad involucrada en esta causa, no ordenó reparar las averías y carencias de la red de extinción de incendios de la cárcel a pesar de que había informes que denunciaban esos fallos.
Dos asociaciones nacionales, la de Oficiales Penitenciarios (ANOP) y la de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP), acusaron hoy al fiscal del caso, Alejandro Peña, de querer obtener beneficios políticos al haber solicitado solo el procesamiento de un alto cargo.
Además, el Ministerio Público pidió formalizar al alcaide del penal, Segundo Sanzana. Según señala Radio Cooperativa, Sanzana también presentó hoy su renuncia. Efe intentó sin éxito confirmar esta información.
Bustos y Sanzana serán acusados del cuasidelito de homicidio y lesiones reiteradas junto al jefe administrativo del penal, Patricio Campos, y al asesor operativo, Jaime San Martín.
Además se imputará por homicidio simple y lesiones por omisión a cuatro centinelas que esa noche estaban de turno en el penal de San Miguel: José Poblete Valverde, Fernando Orrego Galarce y Francisco Riquelme Lagos, así como el oficial a cargo, José Hormazábal.
En esta indagatoria, la fiscalía chilena ha investigado si los guardias se encontraban ebrios cuando se inició el incendio, lo que pudo retrasar la extinción de las llamas y la evacuación de los internos.
