“No hay nada más cobarde que un millón de dólares” nos dijo un banquero. “Falso. Dos millones son más cobardes”, ripostó un muy conocido empresario. El efecto “incertidumbre” que provocan los cambios constitucionales se han empezado a registrar en Panamá.
El Panamá América pudo conocer que inversionistas que son clientes de grandes firmas de abogados en Panamá, han solicitado que se les comunique de qué se trata la posible convocatoria a una Asamblea Constituyente en el país y qué efectos podría tener sobre la seguridad jurídica de sus inversiones, porque al parecer podrían afectarse sus futuros planes financieros.
El impacto sobre la economía y las inversiones de la discusión de convocar a una Constituyente, dependerá de la forma en cómo sea manejado el tema dentro de la sociedad civil y el engranaje político.En este sentido, el abogado y expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, José Javier Rivera, manifestó que “si las reformas a la constitución implican querer derrumbar el edificio de la institucionalidad, ello sería altamente peligroso para la estabilidad económica y política del país”.
Por su parte, Carlos García, asesor financiero de inversionistas nos transcribe un mensaje recibido hace pocos días de un cliente norteamericano: “Hoy te reitero, por lo que veo que está ocurriendo allá, que los panameños siguen pensando como el Salmón, cuando están camino a una luz de esperanza y a lograr el inicio de una recuperación, ahora piensan en una Constituyente que únicamente beneficiará a quienes desean mantener a tu país en un ambiente de incertidumbre, inseguridad jurídica, y más de la misma situación que viven hoy día. Definitivamente que bajo esta situación nos será mucho más difícil impulsar cualquiera de los proyectos estudiados.”
En la línea de los especialistas consultados esta situación generaría como mínimo una actitud de “esperar y ver” por parte de los capitales locales y extranjeros ya que toda decisión empresarial está basada en las “reglas del juego” o entorno legal e institucional de un país, y si este queda en entredicho, lo prudente es esperar a ver qué normas se aprueban en la nueva constitución. Esta situación podría producir efectos recesivos en la economía nacional y podría retrasar el ritmo de las inversiones que son necesarias en proyectos importantísimos como el tercer juego de esclusas del Canal de Panamá, cuyo financiamiento pudiera afectarse si los financistas dudan que se mantenga el Título Constitucional del Canal en una nueva constitución política.
Además se verían afectadas inversiones de mediano y largo plazos el sector industrial, el agrícola y el de servicios, que recién inician un repunte luego de más de tres años de dificultades económicas.
Un país que se encuentra por un lado, a las puertas de unas elecciones que darán inicio a un nuevo mandato y una economía que busca crecer en medio de los conflictos debe sopesar muy bien si pone en entredicho sus instituciones constitucionales. Si bien se trata de cambios a la Carta Magna éstos podrían producir algunos efectos sobre la economía del país, tal y como se produjo entre los años 1944-1948.
Según los informes de esos años registrados en la Contraloría General de la República, durante esa época cuando se convocó a una Constituyente se dieron cambios económicos sustanciales como: la propuesta de jubilaciones especiales y gastos excesivos en todos los renglones del Estado.
A criterio de Horacio Estribí, economista de la firma Consultores Económicos Gerenciales (CEGESA), el tema plantea dos escenarios. En uno se produce una abierta confrontación entre quienes apoyan o quienes rechazan la Constituyente, lo cual creará incertidumbre respecto del proceso electoral afectando negativamente el consumo, la inversión y por ende, el crecimiento económico.
Otro escenario sugiere que el proceso transcurrirá normalmente y contribuirá a consolidar el proceso electoral y democrático, lo cual implica que la propuesta no reviste impacto alguno sobre el devenir económico.
“Si se introducen dentro de la Constitución más elementos de ideologías populistas, intervencionistas o nacionalistas, o se consagran nuevas impunidades y prebendas que beneficien a los estamentos políticos, ello causaría un grave daño al país a la larga” sostuvo.
Por otro lado, el economista Juan Planells consideró que a corto plazo la Constituyente provocará inseguridad entre los inversionistas porque se trata de un proceso que somete a posibles cambios todos los principios en los que se basan las llamadas reglas del juego en el campo político y económico.
Por otro lado, destacó que dentro de lo positivo, una reforma a la Constitución permitiría abordar temas esenciales para el desarrollo del país como el combate a la corrupción sin el riesgo de incorporar otros asuntos. “Este tema de cambio recibiría todo el respaldo de la comunidad empresarial porque precisamente contribuye a una mayor seguridad jurídica” señaló.
Hasta ahora, existen dos propuestas la del Foro Panamá 2020 y el anteproyecto para modificar la Constitución impulsado por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y el Partido Popular (PP).
En el caso de la propuesta del Foro 2020 no se profundiza sobre el régimen económico, pero Felipe Rodríguez, miembro de este grupo advierte que algunos temas deben ser tomados en cuenta.
Por ejemplo, mencionó el tamaño del gobierno desde el punto de vista de los recursos que consume versus el Producto Interno Bruto (PIB), además la importancia de generar empleos por la iniciativa privada. “Una nueva constitución no resolverá nuestros problemas, pues son las conductas de los panameños las que al final privarán” indicó el empresario.
Pero estimó que algunas propuestas básicas como la segunda vuelta electoral para elegir más democráticamente al presidente de la República, el control del tamaño de la Asamblea Legislativa y la eliminación de la inmunidad como la independencia de los tres órganos del Estado contribuiría a mejorar la imagen del país y por ende atraer inversiones.
El empresario manifestó su optimismo en que la mayoría de los sectores apoyarán los cambios expresados aunque habrá algunos grupos privilegiados por los sistemas actuales que pudieran oponerse al ver amenazados sus privilegios.
En tanto, Carlos E. González Ramírez, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) dijo que si la Constituyente se lleva dentro del marco jurídico y mediante un mecanismo previamente elaborado y conocido por la ciudadanía y el sector empresarial, el impacto sobre la economía podría ser relativamente bajo.
Pero “si la constituyente se lleva a cabo, rompiendo el orden constitucional mediante un mecanismo impuesto, o mediante una revolución sin parámetro alguno, entonces si se vería afectada la economía”, dijo González Ramírez.
Aunque consideró que la propuesta es positiva si se introduce la actualización de algunos conceptos en materia del título de la economía nacional, dentro de esta reforma constitucional. Por ejemplo, mencionó el concepto que hace referencia a una economía centralizada y planificada. El mundo de hoy requiere de más libertad e iniciativa dentro del sector privado y los sistemas de centralización planificada han fracasado y van en “contrapelo” del desarrollo económico de Panamá.
Adicionalmente sostuvo que es necesario una revisión en términos de la libre competencia y concurrencia a los mercados, pues los actuales están desfasados.
La autorización previa queda limitada a la autorización de la Corte Suprema de Justicia para ordenar la detención del legislador, según la iniciativa del PRD y PP. También se limita el crecimiento de la Asamblea Legislativa, estableciendo un número máximo de legisladores, respetando la representación de todas las regiones del país y de acuerdo con la cantidad de votantes.
Se incorpora la figura del legislador nacional. El 20% de los miembros de la Asamblea Legislativa serán elegidos como legislador nacional y por medio de listas que presenten los partidos políticos, de acuerdo con la iniciativa. Se elimina un suplente a los legisladores así como un Vicepresidente de la República. Se propone modificación del método para nombrar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Según la iniciativa por cada dos magistrados que se designe, el Consejo de Gabinete acordará el nombramiento de un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de una terna que le presente el Consejo Judicial, compuesto por funcionarios de carrera, Organo Judicial o del Ministerio Público. El otro magistrado será de libre designación por el Consejo de Gabinete.
