La española Isolux Corsan negó hoy haber cobrado sobreprecios en la construcción de la central térmica de generación de energía de Río Turbio en el sur de Argentina, asunto que investiga un juez federal de Buenos Aires.
Mediante un aviso publicado en la prensa, la compañía desmintió que haya cobrado un adelanto mayor al previsto para estudios de impacto ambiental de la central térmica y destacó que se adjudicó las obras como parte de un consorcio que ofertó el mejor precio.
Adujo además que la central de Río Turbio, que usará como combustible carbón extraído de la mina del mismo nombre en la provincia de Santa Cruz, "no es" una generadora de electricidad "estándar" sino "más sofisticada que lo habitual" por su avanzada tecnología.
Los presuntos sobreprecios son investigados por el juez Claudio Bonadío, que ordenó un peritaje sobre los costos de la obra a petición de la Fiscalía, que los comparó con los de otras centrales térmicas a carbón.
En estas actuaciones están imputados el ministro argentino de Planificación, Julio De Vido, el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, y a dos ex funcionarios provinciales que han rechazado los cargos de presunta corrupción.
Isolux afirmó en su aviso que es "como mínimo, inapropiado" comparar el precio de Río Turbio con el de la central chilena de Puchuncaví, que según denuncias ha costado un 174 por ciento menos por cada megavatio generado.
En este sentido, remarcó que la central chilena usará "una tecnología de inferior desarrollo", por lo que "se trata de dos bases de precios que no resisten comparación alguna".
Remarcó que el grupo empresarial que encabeza ganó la licitación con una oferta, de 2.094,6 millones de pesos (unos 526,3 millones de dólares), 888 millones (223,1 millones de dólares) menos que "el siguiente consorcio oferente".
Dijo que cobró un adelanto de 74,7 millones de pesos (18,7 millones de dólares) para estudios de impacto ambiental, por lo que "es un error" afirmar que se embolsó 140 millones de pesos (35,2 millones de dólares), como sostiene la demanda.
La compañía española también negó denuncias de daño ambiental presentadas por Greenpeace y otros grupos ecologistas junto a la Coalición Cívica, tercera fuerza política del país, que inició las actuaciones judiciales por presunta corrupción.
