La Iglesia católica chilena llamó hoy a los mapuches que siguen en huelga de hambre a sumarse al acuerdo que sus demás compañeros llegaron anoche con el Gobierno, tras la decisión del Ejecutivo de desestimar las querellas por delitos terroristas contra ellos.
"El llamado es a que la racionalidad prime sobre las pasiones, a que la vida triunfe sobre la muerte o el deterioro de la salud", señaló el arzobispo de Concepción, Ricardo Ezzati, uno de los grandes artífices para que una gran mayoría de los comuneros en huelga depusieran su actitud.
Un grupo de diez indígenas, seis hospitalizados en Victoria y cuatro recluidos en el penal de Angol, decidirán este sábado si se unen a los comuneros de Concepción, Lebu, Temuco y Cholchol, quienes anoche terminaron la iniciativa de fuerza tras 82 días de huelga de hambre.
También en la ciudad de Puerto Montt, el lonko (Consejero) Eric Vargas, quien hace dos semanas se encuentra en la sede de la CUT de Puerto Montt realizando su ayuno, y otro comunero que había empezado hace cuatro días, continúan con la protesta.
Ezzati afirmó hoy a los periodistas que "sólo el diálogo es el camino para lograr acuerdos", y agregó que en la medida de lo posible se reunirá con los representantes de ellos para que depongan su actitud.
Afirmó que los comuneros que aún continúan la huelga deben considerar que tanto sus compañeros como ellos mismos y el Gobierno en el diálogo que han sostenido "han puesto bases muy objetivas que permiten mirar el futuro con esperanza y también con mucha esperanza".
Anoche, un grupo de comuneros mapuches en huelga de hambre, algunos desde el pasado 12 de julio, finalizaron la medida de fuerza tras llegar a un acuerdo con el Gobierno, que se desistió de todas las querellas por delitos terroristas que se habían presentado en su contra.
"Así el Gobierno procederá a desistirse de todas las querellas por delitos terroristas y replantear tales acciones bajo las normas del derecho penal común", precisó un comunicado leído anoche por el propio Ezzati.
Los indígenas, que se consideraban presos políticos, exigían que no se les aplicara la ley antiterrorista, no ser sometidos a un doble juicio ante tribunales civiles y militares y que no se utilizaran testigos protegidos en sus procesos.
El Gobierno había dado por fracasado el diálogo el pasado lunes debido a lo que consideró exigencias desmedidas de los huelguistas, que solicitaron conversar directamente con los tres poderes del Estado.
Sin embargo, la reunión que sostuvieron el jueves varias mujeres mapuches, familiares de los comuneros presos, con el ministro chileno del Interior, Rodrigo Hinzpeter, en el Palacio de La Moneda (sede del Gobierno), facilitó el reinicio de las conversaciones.
En el sur de Chile se registran con frecuencia enfrentamientos entre hacendados y empresas forestales con indígenas que luchan por recuperar tierras que pertenecieron a sus antepasados.
Numerosos mapuches, la principal etnia del país con un seis por ciento de la población (unos 600.000 miembros), fueron acusados y procesados por provocar incendios y usurpar terrenos de forma violenta.
Los conflictos se agudizaron tras la muerte de un estudiante universitario indígena en un incidente con la Policía a principios de 2008.
