Los servicios de inteligencia peruanos encargan a empresas privadas, por falta de tecnología adecuada, los rastreos e intercepciones telefónicas a personas investigadas judicialmente, denunció hoy el diario El Comercio.
Según el periódico, fueron los propios servicios de inteligencia de la policía y las fuerzas armadas los que informaron a la Comisión de Inteligencia del Congreso peruano de que ante la falta de equipos adecuados, el rastreo de llamadas telefónicas recae en empresas privadas, especialmente en casos de narcotráfico y secuestro.
Esta situación se dio a conocer en el transcurso de la comisión parlamentaria que investiga los casos de "chuponeo" -como se denomina en Perú a la intervención de las comunicaciones- producidos de forma recurrente en el país contra políticos y empresarios.
En ese sentido, los parlamentarios anunciaron que pedirán la comparecencia de los jefes de los servicios de inteligencia militares y policiales para que expliquen en qué casos las empresas privadas brindan servicios de rastreo telefónico y si tienen acceso al contenido de las conversaciones grabadas.
Según explicaron al diario fuentes de la Comisión de Inteligencia, las autorizaciones judiciales para el rastreo de llamadas consisten solo en conocer desde qué números telefónicos, lugares y frecuencia se comunican las personas sospechosas, y no a espiar el contenido de las conversaciones.
Así, los parlamentarios buscan determinar si, además, de conseguir la información encomendada, éstas empresas privadas "chuponeaban" el contenido de las conversaciones y de las llamadas de personas que nada tenían que ver con el delito investigado por la vía judicial.
El Congreso peruano inició una investigación sobre la intercepción telefónica después de que el pasado mes de octubre se revelaran una serie de grabaciones en las que destacados funcionarios y miembros del partido oficialista aparecían involucrados en actos de corrupción.
Estas grabaciones, que forzaron la dimisión del gabinete ministerial presidido por Jorge del Castillo, fueron obtenidas de manera ilícita y difundidas a través de los medios de comunicación, lo que generó una gran polémica entre la prensa peruana sobre la idoneidad de publicar una grabación ilegal.
