El presidente del Consejo de la Judicatura de Ecuador, Benjamín Cevallos, informó hoy de que investigará los vídeos presentados por la petrolera estadounidense Chevron-Texaco, con los que denunció un soborno al juez que lleva un proceso en su contra, en el que se le demanda por 27.000 millones de dólares.
Cevallos declaró a los periodistas locales que primero analizará "cómo están esos vídeos" y "qué grado de participación tiene cualquier persona que esté involucrado en ellos".
Aseguró que, si tras ese análisis "hay algún indicio" sospechoso, actuará "conforme a la ley" y "con toda dureza que se requiera".
Los vídeos grabados con cámaras ocultas fueron hechos públicos el pasado lunes por la petrolera y recogen varias conversaciones entre dos empresarios y el juez, en las que supuestamente el magistrado acordaría un trato de tres millones de dólares, a repartirse con los demandantes y el Gobierno de Ecuador.
Esa supuesta trama, elaborada para que eventualmente la justicia emitiera una condena contra Chevron, ha suscitado el rechazo del juez Juan Núñez, que encabeza el proceso, así como de los demandantes y del Gobierno, quienes han calificado las acusaciones como "trampa", "desvío de atención del debido proceso" o "teatro".
Cevallos explicó que ha dialogado con el juez y que éste aseguró que "no recibió insinuaciones económicas de ninguna naturaleza y que actuó de acuerdo con la ley y con el debido proceso".
Además, subrayó que Núñez tendrá el respaldo del Consejo, pese a que también se iniciará una investigación sobre su actuación.
Por otra parte, la hermana del presidente Rafael Correa, Pierina Correa, a la que también se nombra en las conversaciones grabadas se sumó hoy al rechazo a las acusaciones y sostuvo que pretenden "poner un velo" sobre las responsabilidades de Chevron.
"No tengo ninguna explicación para mi involucramiento en el caso, no tengo nada que ver con el petróleo, no conozco para nada, ni de nombre siquiera, a las personas que se han mencionado", declaró.
En el juicio que se desarrolla contra la petrolera, que dura ya casi 16 años, se pretende dictaminar si Texaco, que fue comprada por Chevron en el año 2000, es culpable de daños ambientales en un sector de la Amazonía de Ecuador durante sus operaciones entre 1972 y 1995.
El Frente de Defensa de la Amazonía, agrupación que presentó la demanda contra la petrolera y que agrupa a los pobladores que habrían sido afectados por la contaminación, afirma que los vertidos petroleros y de aguas tóxicas provocados por la empresa produjeron la muerte de al menos 1.401 personas por cáncer.
No obstante, la compañía argumenta que los trabajos que realizó para la reparación del daño ambiental fueron "exitosos" y culpa a la petrolera estatal Petroecuador de la contaminación.
