La justicia filipina ordena detener a la expresidenta Arroyo por fraude electoral
PekÃn
La Justicia filipina emitió hoy una orden de detención contra la expresidenta Gloria Macapagal Arroyo, acusada hoy formalmente de fraude electoral en los comicios de 2007 por la Comisión Electoral, indicaron fuentes judiciales.
El Tribunal Regional de Pasay, en Manila, ordenó el arresto de Arroyo y también del que era presidente de la Comisión Electoral, Benjamin Abalos, cuando se cometió el supuesto fraude.
El tribunal ha entregado las órdenes a la Policía del distrito de Pasay para que las ejecute.
La legislación penal de Filipinas contempla que la máxima pena por este delito es la cadena perpetua.
José Miguel Arroyo, marido de la exmandataria y que también estaba siendo investigado, ha sido exonerado por falta de pruebas.
La orden de detención fue emitida pocas horas después de que los abogados de Arroyo anunciaran que su cliente tenía la intención de abandonar el país esta tarde para ser sometida a tratamiento médico en Singapur.
Después quería viajar a Alemania y España, también para visitar a varios médicos especialistas en dolencias en relacionadas con las vértebras cervicales y la glándula tiroides.
El Tribunal Supremo ratificó hoy el permiso que le concedió el martes para poder salir del país, contradiciendo así la orden gubernamental de que no abandonara suelo filipino por riesgo de fuga.
La expresidenta trató de viajar a Singapur el pasado martes, pero su salida fue bloqueada por las autoridades aeroportuarias de Inmigración ya que su nombre está incluido en la lista de personas con riesgo de fuga.
Arroyo tiene pendientes otros seis casos de corrupción en los tribunales.
Hasta el momento, ninguna de las acusaciones de delitos atribuidos a la expresidenta, actualmente diputada, y su esposo han sido probadas en un tribunal de justicia.
Arroyo, de la presidencia de Filipinas a perseguida por la justicia
La diputada Gloria Macapagal Arroyo ha pasado de ser el político más poderoso de Filipinas, cuando ocupó la presidencia el país, a acabar perseguida por la Justicia por varios casos de fraude electoral y corrupción. El destino parece haber reservado a Arroyo, la hija de Diosdado Macapagal, considerado uno de los presidentes más honestos con los que ha contado la democracia filipina, la misma suerte que su predecesor, Joseph Estrada. Estrada, un popular actor de películas de clase B que se convirtió en el presidente más votado en las elecciones de 1998, fue detenido, acusado de corrupción y condenado a cadena perpetua, pero no cumplió la pena porque Arroyo le salvó con una amnistía. Arroyo nació el 5 de abril de 1947 en una de las familias más poderosas de la fértil provincia paterna de Pampanga (Luzón) y, tras graduarse en el Convento de la Asunción de Manila, estudió relaciones internacionales en la universidad estadounidense de Georgetown, lo que le permitió conocer personalmente al que sería presidente estadounidense Bill Clinton. Volvió a Manila y se doctoró en Economía por la Universidad de Filipinas en 1985, cuando se unió al movimiento democrático que derrocó al entonces dictador Ferdinand Marcos, en 1986. Tras la caída de Marcos, la presidenta Corazón Aquino le nombró en 1988 viceministra de Comercio. En 1992, fue elegida senadora y seis años después se convirtió en vicepresidenta tras una elección por sufragio universal que llevó a un gobierno presidido por Estrada, del partido contrario al de Arroyo. Cuando surgieron la acusaciones de corrupción contra Estrada, en la segunda mitad de 2000, Arroyo se unió al movimiento que pedía su dimisión encabezado por la influyente Iglesia Católica, que siempre se opuso a que ocupase la jefatura del Gobierno un actor mujeriego, juerguista y bebedor. Estrada cayó en enero de 2001 y Arroyo le sucedió desde su cargo de vicepresidenta de Filipinas con promesas de acabar con la corrupción, el nepotismo y la pobreza. Las esperanzas de cambio que se habían puesto en ella se fueron transformando en decepción en los meses y años siguientes por la persistencia de la pobreza, la crisis económica, los conflictos armados y la inseguridad. En 2003, recibió el primer aviso cuando un grupo de militares ocupó un complejo de lujo de Manila y exigió su dimisión y la de otros miembros del Gobierno corruptos. Revalidó el cargo en las urnas en 2004 para un único periodo de seis años, como establece la Constitución, y logró acabarlo a pesar de las conspiraciones golpistas, escándalos de corrupción y procedimientos en el Legislativo para destituirla que estallaron durante su mandato. En 2011, desde un escaño en la oposición, Arroyo afronta varios procedimientos judiciales contra ella por presunto fraude en las presidenciales de 2004 y las legislativas de 2007 y otros casos de corrupción, como el contrato con la empresa de telecomunicaciones china ZTE, que estaba sobrevalorado en 200 millones de dólares, según el funcionario que lo aprobó. Ninguna de las acusaciones de delitos atribuidos a la expresidenta y a su esposo, el empresario José Miguel Arroyo, han sido probadas en un tribunal de justicia hasta el momento.
