La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos advirtió hoy del "desafío" que enfrenta El Salvador para cumplir las recomendaciones sobre protección y cumplimiento de las garantías fundamentales, aunque reconoció los avances del país.
"Hay un gran desafío, hay una necesidad de entender esto como procesos y trabajar para el desarrollo de políticas públicas que permitan implementar las recomendaciones", declaró a los periodistas la representante para Centroamérica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Carmen Rosa Villa.
Al dar a conocer las "Observaciones y recomendaciones de Derechos Humanos, órganos de tratados y examen periódico universal 2008-2010" de El Salvador, la funcionaria recordó que el cumplimiento de estas recomendaciones "no es responsabilidad exclusiva del Ejecutivo".
Entre las recomendaciones formuladas por los siete comités de la ONU destaca la investigación de "los hechos de violencia contra la mujer, esclarecer casos de asesinatos de mujeres identificando a los responsables, enjuiciándolos e imponiéndoles sanciones apropiadas".
"Preocupa la insuficiencia de las investigaciones rigurosas de los casos denunciados de feminicidio y la impunidad que gozan los autores de tales casos", señaló Villa en su presentación.
Además, el informe recomendó intensificar esfuerzos para lograr medidas de protección urgentes y eficaces que prevengan la violencia contra las mujeres y las niñas, "en particular el abuso sexual, la violencia doméstica y las muertes violentas".
En el caso de las pandillas o "maras", propuso diseñar una política "holística y amplia" frente a la violencia y la delincuencia juvenil, que se concentre en medidas de prevención y protección y evite abordar el problema "únicamente de manera punitiva y regresiva".
Sobre la ley de amnistía aprobada en 1993, un año después de la firma de los acuerdos que acabaron con la guerra civil en El Salvador (1980-1992), el documento propuso derogarla o enmendarla e impulsar "activamente" las investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos documentadas por la Comisión de la Verdad.
Dicha comisión, creada en virtud de los Acuerdos de Paz firmados el 16 de enero de 1992, investigó el asesinato del arzobispo de San Salvador Óscar Arnulfo Romero, perpetrado el 24 de marzo de 1980; la matanza de seis jesuitas y sus dos colaboradoras, el 16 de noviembre de 1989, así como varias matanzas de civiles.
El informe pidió que "se identifiquen a los responsables, se les enjuicie y se les impongan sanciones apropiadas, proporcionales a la gravedad de los crímenes".
El procurador para los Derechos Humanos de El Salvador, Óscar Luna, señaló a los periodistas que aunque ha habido "un avance" en materia de derechos humanos en el país, obviamente falta "mejorar en el respeto pleno" de las garantías fundamentales.
"En temas de educación, temas de salud, el tema de la misma seguridad, que es un problema, el tema de la misma pobreza, de las desigualdades, todos esos son derechos que todavía hace falta y que progresivamente tendrán que cumplirse", añadió.
