La coordinadora de Naciones Unidas en Bolivia, Yoriko Yasukawa, pidió hoy diálogo a los actores políticos del país para superar los conflictos y cubrir los vacíos existentes en los órganos judiciales.
"Llamaríamos a todos los actores y partidos políticos a que se sienten a dialogar sobre cómo superar este conflicto y como llenar esos vacíos que se están dejando", afirmó la representante de la ONU en declaraciones al canal estatal.
Yasukawa se mostró preocupada porque "se susciten conflictos políticos partidistas en torno al sistema de justicia" y señaló que esta debería ser "una institución imparcial y que funcione para valorar los conflictos".
Este pronunciamiento se produce cinco días después de que la mayoría oficialista del Congreso abriese un juicio de responsabilidades contra la magistrada de la Corte Suprema Rosario Canedo que, entró en una huelga de hambre en contra de esa decisión.
Canedo, que está acusada de prevaricación en un proceso seguido por el Banco Central de Bolivia (BCB) contra un banco en liquidación que se declaró en quiebra en la década de los noventa, ha asegurado en varias ocasiones que continuará su ayuno hasta que los organismos internacionales se pronuncien sobre el caso.
La suspendida magistrada quiso así hacer "una severa llamada de atención al Ejecutivo", al cual denunció en julio pasado ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por presuntas violaciones a la independencia de poderes.
Por su parte, la ministra de Defensa Legal del Estado, Cecilia Rocabado, negó que haya persecución política contra los miembros del Poder Judicial y aseguró que cualquier organismo internacional que revise los antecedentes de ese hecho, comprobará que hubo prevaricación en el caso por el que se le acusa a Canedo.
Este asunto ahonda la crisis en la que está sumido el poder judicial boliviano, después de que en mayo pasado fuese suspendido el presidente de la Corte Suprema, Eddy Fernández, acusado de retrasar el juicio por genocidio contra el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y miembros de su Gobierno.
También ha cesado completamente el Tribunal Constitucional con la renuncia en junio de la magistrada Silvia Salame, quien era la única que continuaba en su cargo, después de sucesivas dimisiones.
La relación entre el Gobierno de Evo Morales y el Poder Judicial es tensa pues el mandatario ha acusado varias veces a ese órgano de corrupción y a sus miembros de ser afines a los partidos opositores, críticas que los magistrados siempre han rechazado.
