Asambleístas de oposición de Ecuador denunciaron hoy ante un tribunal la medida del Gobierno de obligar a los canales privados a emitir la programación de una estación de televisión pública durante el alzamiento del 30 de septiembre.
El asambleísta de Izquierda Democrática (ID), Andrés Páez, indicó a Efe que la acción fue "inconstitucional" porque no se respetó el derecho de los ciudadanos de "informarse en la cadena que quisieran" durante la sublevación.
Páez testificó ante el Tribunal Tercero de Garantías Penales de Quito junto con los asambleístas César Montúfar (Concertación Nacional), Leonardo Viteri (Partido Social Cristiano), Fausto Cobo y Fernando Aguirre (Sociedad Patriótica).
Ellos habían interpuesto una acción de protección a los derechos contra el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, así como contra Vinicio y Fernando Alvarado, los secretarios de Administración y de Comunicación, respectivamente.
En la audiencia de hoy participaron los abogados de Correa y de los hermanos Alvarado.
El Gobierno interpretó la insurrección policial como un intento de golpe de Estado, por lo que ordenó que las televisiones y radios se enlazaran a la transmisión pública de los acontecimientos.
Seis horas después, ya entrada la noche, los canales de televisión privados retomaron sus propios informativos, poco antes de que Correa fuera rescatado del hospital donde lo tenían retenido los policías sublevados.
Páez declaró que la medida del Gobierno fue "inconstitucional e ilegal" por lo que espera que hechos como estos "no se vuelvan a repetir en el futuro".
El Tribunal tiene un período de ocho días para celebrar la siguiente audiencia, en la que analizará las pruebas y dictaminará una resolución, detalló Páez.
