Las opositoras Coalición Cívica (CC) y Unión Cívica Radical (ICR) de Argentina criticaron hoy el plan de blanqueo de capitales puesto hoy en marcha por el Gobierno al advertir que la iniciativa puede convertir al país en un "paraíso fiscal" para el narcotráfico.
"Vamos a hacer cumplir la ley de prevención del lavado de dinero", dijo en rueda de prensa el titular de la UCR, Gerardo Morales, quien junto a la diputada de la CC Patricia Bullrich impulsarán en el Parlamento cambios legislativos para evitar que "Argentina se convierta en un paraíso fiscal".
Como parte de una batería de medidas para hacer frente a la crisis global, el Fisco de Argentina puso este lunes en marcha un plan de facilidades para blanquear capitales no declarados antes, medida que para la oposición esconde riesgos de un ingreso de fondos del narcotráfico.
Bullrich anunció que presentará en el Congreso un proyecto para impulsar una serie de modificaciones a los Códigos Civil y Penal y a la ley de Ética Pública.
Estos cambios propuestos incluyen una "inhabilitación especial para la adquisición de bienes de los funcionarios públicos; impedir el uso de testaferros para esconder el dudoso origen de fondos, públicos o privados; penar con pérdida de la dieta si un funcionario no presenta la declaración jurada patrimonial", enumeró la diputada.
Morales señaló una "contradicción" entre la ley de Blanqueo de Capitales, aprobada a finales de 2008, con la ley de Prevención del Lavado de Dinero.
"Mientras la nueva norma no obliga a informar el origen de los fondos, la ley de Prevención sancionada en 2000, califica de operaciones sospechosas todas aquellas que no indican fehacientemente el origen de los fondos que ingresan al país", explicó el senador radical.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó hoy una actualización del Informe Internacional Sobre la Estrategia de Control de Narcóticos, en la que no se condena la nueva ley de blanqueo.
"Argentina tiene una larga historia de fuga de capitales y de evasión impositiva, y los argentinos tienen miles de millones de dólares fuera del sistema financiero formal (tanto fuera como dentro del país), gran parte de estos fondos fueron legítimamente obtenidos pero que no pagaron los correspondientes impuestos", señala la actualización del informe.
El texto explica que "para combatir la fuga de capitales y alentar la repatriación de estos miles de millones no declarados", el Parlamento argentino aprobó en diciembre pasado una moratoria impositiva y una ley de repatriación de capitales "que permitiría una amnistía impositiva para las personas que repatríen activos no declarados durante un período de seis meses".
"En virtud de esta ley, las autoridades fiscales tienen prohibido indagar la procedencia de los fondos declarados, y algunos críticos han expresado preocupación debido a que esto podría facilitar el lavado de dinero", señala el informe.
Pero aclara que las operaciones alcanzadas por esta nueva ley estarán sujetas a las normas para la prevención de delitos financieros, mientras se exigirá que las transferencias desde el extranjero se originen en países que cumplen con las normas internacionales de lavado de dinero y contra la financiación del terrorismo.
"Altos funcionarios del Gobierno han indicado que van a garantizar que toda la legislación argentina, incluida la presente ley, se ajuste a las obligaciones de Argentina como miembro del Grupo de Acción Financiera y del Grupo de Acción Financiera para Suramérica", afirma el informe estadounidense.
