La oposición liberal nicaragüense reanudó hoy sus esfuerzos para derogar un polémico decreto del presidente del país, Daniel Ortega, que prolonga la permanencia en el cargo a varias altas autoridades cuyo mandato terminó o está por terminar.
El Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) ordenó hoy detener el trámite de la ley para anular el decreto de Ortega, tras considerar como ilegal una sesión plenaria celebrada por diputados de la oposición el pasado día 20 en un hotel de esta capital, en la cual se propuso esta norma de anulación.
Fuentes parlamentarias informaron a Efe que, pese a lo resuelto por un tribunal de Managua, la Comisión de Justicia de la Asamblea, encabezada por el diputado liberal José Pallais, inició hoy su calendario de consultas con entrevistas a siete juristas.
Pallais dijo a periodistas que el proceso de formación de la ley no puede detenerse como resultado de una reforma aprobada por el Parlamento en el 2008 a la ley de Amparo invocada por el tribunal.
En la plenaria realizada por la oposición en un hotel de Managua, legisladores opositores acordaron enviar para dictamen a la Comisión de Justicia del Parlamento el controvertido decreto presidencial, lo cual ha iniciado hoy esta instancia parlamentaria.
El decreto, emitido por Ortega el 9 de enero pasado, prorroga el mandato de funcionarios de varios poderes del Estado a los que se les venció o está por vencerse el período de cinco años para el que fueron nombrados, a pesar de que la competencia para ello le corresponde a la Asamblea Nacional.
El TAM decidió suspender el trámite de formación de ley en este caso, luego de admitir un recurso de amparo contra la actuación de cuatro diputados opositores y directivos del Parlamento que participaron en la plenaria del pasado 20 de abril, presentado ayer por el coordinador del grupo parlamentario sandinista Edwin Castro.
El presidente del tribunal, el sandinista Gerardo Rodríguez, informó hoy a periodistas que en primer lugar se ordenó tramitar el recurso de amparo presentado por el diputado Castro.
También dijo que se ordenó suspender cualquier efecto que pueda derivarse de la sesión del pasado día 20, la que no pudo celebrarse en el edificio del Parlamento debido al asedio de seguidores de Ortega, lo que impidió el ingreso a ese recinto de los diputados opositores.
"La ley orgánica (del Congreso) ordena que cuando se trate de una sesión en un local distinto al de la Asamblea, esta convocatoria debe ser hecha por lo menos dos días antes de la sesión", afirmó el presidente del TAM.
"En segundo lugar encontramos también que el artículo 41 de la Ley Orgánica establece de manera categórica que quien abre, inicia y convoca a sesión es el presidente del Parlamento", insistió el funcionario judicial.
