La decisión del Tribunal Constitucional de Perú (TC) de evitar pronunciarse sobre la prescripción de los hechos ocurridos durante la matanza en el penal limeño de El Frontón, en 1986, será llevada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El abogado Carlos Rivera, representante del Instituto de Defensa Legal (IDL), declaró hoy a Efe que esta decisión del TC "amerita que (la Corte) se pronuncie al respecto", porque la matanza también fue denunciada ante el organismo supranacional.
El TC anunció el lunes último que no le corresponde determinar si han prescrito los delitos cometidos durante la intervención de las fuerzas de seguridad para reprimir motines simultáneos en tres penales de Lima.
Esos motines, presentados en los penales de Lurigancho, Chorrillos y la isla de El Frontón, se saldaron con la muerte de más de 200 presos acusados de terrorismo, la mitad de ellos en la última prisión.
El portavoz de los magistrados del TC, Juan Vergara, señaló que el organismo no tiene "que ver nada con la prescripción, ni con el tipo de delito, porque eso le corresponde al Poder Judicial".
El TC rechazó, de esa manera, un recurso presentado por el IDL sobre la resolución de un tribunal que en 2007 aceptó un hábeas corpus para que se declare prescrito el caso, presentado por el ex marino Teodorico Bernabé, implicado en los hechos de El Frontón.
La sala consideró que los crímenes de El Frontón fueron "un delito común" y se produjeron cuando no existía en Perú la figura penal del delito de lesa humanidad.
La llamada "Matanza de los penales" se produjo en junio de 1986, durante la celebración en Lima de la Cumbre de la Internacional Socialista y cuando el actual mandatario, Alan García, cumplía con su primer período de gobierno (1985-1990).
García, que algunas organizaciones de derechos humanos consideran que debería ser incluido en la investigación del caso, declaró hoy a los periodistas que el TC tomó "una decisión jurisdiccional".
"Yo creo que lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es simplemente respetar la Constitución", añadió.
Rivera señaló, sin embargo, que el TC dejó vigente el fallo a favor de la prescripción y abrió la posibilidad de que más de una veintena de ex militares implicados en el caso El Frontón pidan acogerse al mismo beneficio.
El representante del IDL señaló que si los hechos no son considerados delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles, también previenen que en un futuro se juzgue a García y su actual vicepresidente primero, Luis Giampietri.
Éste, un vicealmirante retirado, fue jefe de las fuerzas de operaciones especiales de la Armada que asaltaron el penal isleño, ubicado frente al puerto del Callao.
Además, añadió, tampoco se podrá procesar al entonces ministro del Interior, Agustín Mantilla, considerado por los denunciantes como el "cerebro" de la sangrienta operación militar.
García, Giampietri y Mantilla están considerados actualmente como testigos en el juicio que se sigue contra los ex marinos, aunque para los organismos defensores de los derechos humanos también deberían ser investigados.
Rivera expresó su temor de que el dictamen del TC pueda afectar "otros casos concretos", ya que el ex presidente Alberto Fujimori afronta actualmente un juicio por dos matanzas y dos secuestros durante su mandato (1990-2000).
La Corte Interamericana condenó en el 2000 al Estado peruano por violar los derechos humanos y hacer un uso desmesurado de la fuerza en El Frontón, por lo que exigió que se investiguen los hechos.
El primer ministro peruano, Yehude Simon, que pasó varios años en prisión acusado de apología al terrorismo, evitó hoy pronunciarse sobre el caso porque, dijo, "esta de por medio la tranquilidad del país".
