La Policía boliviana dispersó hoy con gases lacrimógenos a cientos de comerciantes que intentaron cercar el Palacio de Gobierno para protestar contra un proyecto de ley que sanciona a quienes estén implicados en el contrabando con la misma dureza que a los narcotraficantes.
Los incidentes se produjeron cuando los comerciantes intentaban ingresar a la Plaza Murillo de La Paz, donde se encuentran las sedes del Ejecutivo y el Legislativo, para protestar contra el proyecto que modifica la Ley de Aduana, documento que analizará el Congreso en las próximas horas, informaron medios locales.
Varios canales de televisión mostraron que los comerciantes marcharon previamente en el centro de La Paz, portando carteles con consignas en contra del Ejecutivo e incluso quemaron un muñeco alusivo al vicepresidente del país, Álvaro García Linera, quien también preside la Asamblea Legislativa.
El sector rechaza los cambios propuestos a la Ley de Aduana por considerar que "atentan" contra sus intereses y "matarán en vida" al sector de los comerciantes, según afirmaron sus dirigentes.
El proyecto de ley plantea la confiscación de herramientas, inmuebles o vehículos utilizados por contrabandistas, además de la detención de personas involucradas directa o indirectamente en el hecho, sanciones que se aplican en casos de narcotráfico.
La propuesta del Gobierno también apunta a aumentar de cinco a 15 los años de cárcel para los funcionarios estatales, policías y militares vinculados con el comercio ilegal de mercancías.
De su lado, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Alberto Arce, garantizó en rueda de prensa que la nueva Ley de Aduana no afectará a aquellos comerciantes cuyas actividades sean legales, sino que apunta a los "magnates del contrabando".
Para tranquilizar al sector movilizado, aseguró que el Ejecutivo no piensa modificar los regímenes tributarios que favorecen al comercio minorista.
Agregó que el Gobierno de Evo Morales está dispuesto a escuchar las propuestas de los comerciantes para mejorar la lucha contra el contrabando, pero no para flexibilizar las normas en beneficio de quienes se dedican a esa actividad ilícita.
