La Policía salvadoreña recupera las sedes de Medicina Legal cerradas por huelguistas


La Policía Nacional Civil (PNC) salvadoreña recuperó la madrugada de hoy las sedes del Instituto de Medicina Legal en el país, las cuales permanecían cerradas desde el pasado lunes en el marco de una huelga del sector judicial que obligó el traslado de cadáveres al mortuorio de hospitales públicos.


El director general de la PNC, Carlos Ascencio, aseguró hoy a periodistas que "era urgente" habilitar las sedes de ese instituto y ante una petición de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) los agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) decidieron intervenir para desalojar a los sindicalistas.


Agregó que el operativo policial se llevó a cabo en la madrugada de hoy sin resistencia de los huelguistas.


Por su parte, el presidente de la CSJ, Belarmino Jaime, expresó en una conferencia de prensa estar "ciento por ciento de acuerdo con lo que hizo la Policía" porque, a su juicio, las fuerzas de seguridad "están cumpliendo con su deber".


Mientras, el procurador de los Derechos Humanos de El Salvador, Óscar Luna, aseguró a periodistas que la acción de la Policía podría "entorpecer el proceso de diálogo" entre los sindicalistas y los magistrados de la CSJ y destacó la necesidad de "evitar, en cuanto sea posible, el uso de la fuerza".


Al ser consultado sobre el operativo policial, el representante sindical Alejandro Rivas explicó a Efe que los huelguistas desalojaron Medicina Legal como un "acto de buena voluntad" para evitar el retraso en el levantamiento de cadáveres y reiteró que el paro de labores continuará por tiempo indefinido.

 

Los trabajadores judiciales iniciaron el lunes una huelga que se ha visto salpicada por disturbios en demanda de un bono de 300 dólares y un incremento salarial de 150 dólares para los empleados con sueldos menores a 1.000 dólares y 100 dólares para aquellos con salarios superiores.


El paro ha impedido celebrar más de 700 audiencias y casi 50 personas detenidas durante la paralización por diversos delitos fueron liberadas al no ser presentadas ante un juez en el plazo de 72 horas previsto en la ley.


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101 años de Panamá América

 
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