Las agencias estadounidenses Fitch y Moody's coincidieron hoy en que el enfrentamiento político que vive Argentina sobre el uso de las reservas para pagar la deuda pública pendiente genera una inestabilidad que, de prolongarse, podría afectar a su calificación.
"El intensificado conflicto entre el Gobierno de la presidenta Cristina Fernández y el presidente del Banco Central, Martín Redrado, ha generado una incertidumbre que, si se prolonga, podría minar en un futuro la credibilidad soberana, fiscal e institucional", advirtió Fitch en un comunicado.
El responsable de esa agencia para asuntos de deuda soberana, Casey Reckman, apuntó que "la continuada erosión de la credibilidad macropolítica y la intensificación de las tensiones políticas podrían acarrear implicaciones negativas para la calificación de los bonos argentinos".
El Gobierno argentino impulsó a través de un decreto la creación del denominado "Fondo del Bicentenario", que habilita el uso de 6.569 millones de dólares de las reservas monetarias del Banco Central para el pago de deudas soberanas de este año.
Sin embargo, la jueza María José Sarmiento suspendió el pasado viernes el decreto que creaba ese fondo, así como el que cesaba en su cargo a Redrado, quien había sido destituido el jueves por negarse a usar las reservas para pagar deudas.
La jueza alega que es el Parlamento el que tiene potestad para decidir sobre la utilización de reservas monetarias, así como también sobre la destitución del titular del Banco Central, y no la Presidencia del país.
"La creación de ese fondo podría ser interpretada como un apoyo a la voluntad del Gobierno de atender sus obligaciones a corto plazo", apuntó Reckman, aunque en opinión de Fitch, al igual que la nacionalización del sistema de pensiones, "esta estrategia es otro medio no tradicional de evitar los ajustes necesarios en la política fiscal" del país.
El analista cree que "el recrudecimiento de este conflicto, que ahora afecta también a las ramas judicial y legislativa, sugiere que las conjeturas políticas probablemente seguirán interfiriendo en la política económica".
"Pese a condiciones económicas más favorables, 2010 podría estar cargado de batallas políticas, en la medida en que el Gobierno y la oposición intentan posicionarse en un Congreso dividido y de cara a elecciones generales en 2011", explicó.
En un sentido similar se pronunció hoy el analista de Moody's Gabriel Torres, quien aseguró en un escrito que la "crisis institucional" en Argentina ha causado "un estancamiento legal" que es "un indicador más de la debilidad del marco legal argentino y añade expectativas de que la confusión política continuará".
"Sin embargo, esto no empeora la calidad crediticia del país", puesto que "la calificación B3 de Argentina ya es una de las más bajas de todos los estados evaluados", explicó.
En cualquier caso, el analista de Moody's advirtió de que "el impacto potencial de la crisis en otras medidas políticas, como la propuesta del Gobierno de resolver su actual deuda impagada, podría generar preocupaciones crediticias en un futuro".
"Las instituciones débiles son algo común entre los países con baja calificación", recordó Torres, quien explicó que la calificación que Moody's concede a la deuda argentina "ya tiene en cuenta una elevada volatilidad política".
Por ello, opinó que "la mayor preocupación ahora no es la intención de utilizar las reservas (lo que en definitiva supone pagar la deuda) o incluso el teatro político que ha generado todo esto".
"Argentina necesita resolver las cuestiones pendientes, como el impago de deuda, que siguen elevando la preocupación sobre su intención de pagar", insistió el analista.
En ese sentido, afirmó que si la voluntad de pagar la deuda emitida se desbarata por la actual crisis política, "las opciones de financiación podrían convertirse en algo problemático a lo largo de este año".
Este conflicto estalló en momentos en que Argentina se prepara para ofrecer una refinanciación de bonos en mora por 20.000 millones de dólares en manos de acreedores que rechazaron la reestructuración de 2005, cuando el país salió del cese de pagos de 2001, el mayor de la historia financiera (unos 102.000 millones de dólares).
