Las agresiones sufridas por los defensores de los derechos humanos en Guatemala se redujeron en un tercio en los primeros cuatro meses de 2010, informó hoy una organización humanitaria.
Según la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua), entre enero y abril pasados se registraron 66 agresiones a activistas, incluidos 5 asesinatos, 14 amenazas de muerte y 17 intimidaciones.
Los casos restantes fueron allanamientos, intentos de asesinato, persecución, secuestros, robos, vigilancia y violación sexual.
Esa cifra supone un descenso respecto a los 99 casos que se registraron en los primeros cuatro meses de 2009, anota el informe remitido hoy por Udefegua a Efe, que no especifica cuántos fueron los asesinatos en el año pasado.
Detalla que en enero pasado se registraron 29 agresiones, 15 en febrero, 13 en marzo y en abril último 9 casos.
Mientras que en enero de 2009 los casos sumaron 25, en febrero se presentaron 24, 17 en marzo y 33 en abril.
El total del año pasado fue de 353 agresiones contra activistas y organizaciones humanitarias en Guatemala.
De acuerdo con el informe de Udefegua, que aglutina a unas cuatro organizaciones defensoras de las garantías constitucionales, entre ellas a la Oficina del Arzobispado, los sectores más afectados por las agresiones este año han sido los que defienden los derechos económicos y sociales, con 23 casos.
A ellos les siguen los activistas que defienden el ambiente y el derecho a la libertad sindical, con 16 y 9 casos, respectivamente.
De los 66 casos ocurridos en el primer cuatrimestre de 2010, el 64 por ciento ha sido contra hombres, el 26 por ciento contra mujeres y el resto contra organizaciones humanitarias, precisa.
Según la entidad, el departamento de Guatemala, que incluye la capital, es donde se perpetraron más agresiones (26), seguido por el de Quiché (noroeste) con 12 casos.
La Udefegua señala que el Ejecutivo sigue sin avanzar en la creación de un programa de protección para los defensores de las garantías fundamentales, pese a que asumió este compromiso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington.
