Los derechos fundamentales no pueden ser anulados bajo ninguna circunstancia, ni siquiera mediante consultas populares como las que habilitaron la Ley de Caducidad en Uruguay, indicó hoy el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Santiago Cantón.
En un largo artículo publicado por el semanario uruguayo Búsqueda, Cantón se refirió a la controvertida norma que evitó juzgar a los uniformados que violaron los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985) y a la demanda interpuesta en la CIDH contra Uruguay por mantenerla vigente.
Según Cantón, el argumento uruguayo de que no puede derogar dicha ley por haber sido aprobada en 1989 y en 2009 por la población en referéndum es "insostenible" ya que hay "ciertos derechos fundamentales, como a la vida y la integridad personal, que se encuentran fuera del ámbito de la democracia directa".
Esto es así porque "ningún Estado de derecho se puede sustraer de esas normas", indicó.
El secretario de la organización con sede en Washington se expresó así al explicar que "probablemente" la Corte Interamericana pedirá a Uruguay que deje sin efecto dicha ley tras escuchar el pasado mes de noviembre el "Caso Gelman", la primera denuncia interpuesta contra el pequeño país suramericano ante dicho tribunal.
María Claudia García de Gelman, nuera del poeta argentino Juan Gelman, desapareció durante la dictadura y tuvo a su hija Macarena en cautiverio, que fue entregada a un policía uruguayo que se apropió de ella.
Años después, el célebre poeta logró dar con el paradero de su nieta y junto a ella reclamó a Uruguay para que se investigue la desaparición de María Claudia, lo que no pudo hacerse debido a la Ley de Caducidad.
"A fin de cumplir con sus obligaciones internacionales, Uruguay debe investigar las atrocidades perpetradas y sancionar a los responsables (...) La ciudadanía uruguaya tiene derecho a la verdad y la justicia", añadió Cantón.
En la presentación ante la Corte Interamericana, el Gobierno uruguayo se defendió aduciendo que ya existe una investigación sobre el caso, si bien los letrados de los Gelman aseveraron que la causa abierta en Uruguay, comenzada en 2008 por una demanda de Macarena, no ha tenido resultado alguno.
La Suprema Corte de Justicia de Uruguay declaró inconstitucional la norma para dos casos concretos en los dos últimos años, mientras que a Cámara de Diputados ha aprobó un proyecto de ley para derogarla.
No obstante, en el Senado esa propuesta no cuenta por ahora con los votos necesarios porque algunos parlamentarios oficialistas han dicho que se oponen a ella precisamente porque cuenta con el voto de la ciudadanía.
Se espera que la Corte Interamericana emita un dictamen en febrero o marzo del próximo año sobre el caso, el cual Uruguay tendrá la obligación de cumplir.
