El mismo, a más de ofrecer un pobre espectáculo de carencia de técnica legislativa, de imperdonables yerros conceptuales, de infestación de ripios o rellenos sin sentido y muestra de descarado control estatal, ha sido presentado a desprevenidos gremios como si fuera un proyecto reivindicatorio, de lo que nada tiene y, por el contrario, contempla flagrantes elementos de retroceso y desmejoramiento frente a la normativa existente, la cual solo resta hacer respetar. Nada dice de salarios, ni de estabilidad, ni de horarios, ni de horas extras, ni de descanso. Tampoco protege intereses esenciales tales como la protección contra el ejercicio abusivo de acciones judiciales.
Empieza erigiendo al público en "titular del derecho de información" (art. 3), con el evidente propósito de supeditar y condicionar al supuesto criterio de manipuladas masas, ulteriores medidas de represión y control, a cuyo nombre actuará oportunamente el propio Estado.
Contempla numerosos elementos de intromisión en cuestiones de estilo, forma y técnica de trabajo (V.gr. arts. 4, 22 lits. c, d, g, h), lo cual es inadmisible, sobre todo, viniendo del Estado a través de uno de sus órganos de ejercicio del poder público, el Legislativo.
So pretexto de nacionalizar el ejercicio del periodismo, llega al extremo de hacer imposible la colaboración de extranjeros en peores términos que los contemplados en el Código de Trabajo (arts. 8 y 11) quienes - se ha demostrado -, enriquecen con su experiencia a nuestro país. Fuera de eso, nos expone a potenciales represalias, por vías de reciprocidad, respecto a panameños que laboran en el exterior con base a cuotas porcentuales para extranjeros, y coloca al país como infractor de tratados internacionales suscritos con la OMC por el cierre absoluto de su mercado laboral.
Introduce el germen de la intervención estatal a través de un Consejo Superior de Periodismo, cuyo secretario y coordinador administrativo sería el Director de Medios de Comuncación Social (arts. 9, 16, 17 y 18), con facultad de velar por el cumplimiento de esa ley, expedir carnet de identidad, acreditar corresponsales e instruir de oficio denuncias por violación a la ética.
Debilita los principios de acceso a la información (arts. 19 y 20) y reserva de la fuente (art. 22 lis. g y h) respecto a la legislación que hoy existe, desde que impone tan solo "sanción moral" al infractor en el primer caso y obliga a su develación en casos de subjetivo ocultamiento de delito.
So pretexto de introducir el principio de reserva de conciencia (art.14), termina dando una patente de corso para el desconocimiento de la política editorial de los medios, con lo cual fomenta el conflicto y anarquía dentro de los medios.
Por último, pretendiendo exigir la diplomación universitaria, impone restricciones de ejercicio que no sólo contravienen compromisos internacionales que reconocen como un derecho humano el proceso de búsqueda y divulgación de información por cualquier medio, sino que niega la condición de periodista a graduados que no tengan dos años de trabajo remunerado, lo mismo que a empíricos no titulados aunque tengan 10 años o más de ejercicio, y a cualquier otro a quien el Ministerio de Educación o el Consejo Superior le niegue tal calidad, en contraposición discriminante con los agremiados que, por el solo hecho de asociarse, pueden ostentar tal condición sin consideración a título ni a años de práctica (arts. 7, 8 y 10).
Dijo que esa es una situación grave porque al restringir el ejercicio de los comunicadores sociales se restringe el derecho que tiene la población de contar con la información.
Por otro lado, señaló que aún hay funcionarios públicos que mantienen la actitud de no dar a conocer toda la información al público, negándole a los periodistas el acceso a la información, lo que le resta transparencia al Gobierno que pierde credibilidad y confianza ante la sociedad.
No obstante, indicó que la libertad de prensa es un derecho que se asume con responsabilidad, por lo que así como hay otras disciplinas reguladas, es preciso que exista una regulación para el periodismo, pero advirtió que esa regulación no debe estar en contradicción con el ejercicio de la libertad de expresión.
A su vez comentó que los medios de comunicación tienen que ser más abiertos y conceder más espacios a la voz autónoma de los distintos sectores a que expresen propiamente sus problemas.
Agregó que es muy importante que las empresas de comunicación tengan como interés el informar y servir a la sociedad, y que no permitan que las políticas empresariales interfieran con su labor de informar, respetando el derecho que tiene la comunidad.
El padre Fernando Guardia, director de Radio Hogar le dio al tema de la libertad de expresión una reflexión filosófica y humana. Dijo que esta debe estar al servicio de una causa, y esa causa es que se conozca la verdad.
En ese sentido, señaló que si se coarta la libertad de expresión, se coarta el derecho del pueblo de conocer la verdad.
Pero reconoció que ese derecho no es absoluto, porque en su nombre se dicen muchas cosas, se publica cualquier cosa, se muestra cualquier cosa y se arguye de una forma individualista absolutizando la libertad de expresión.
Reconoció que en la evolución de la libertad de expresión en Panamá durante los últimos años es positiva la aparición en los medios de un periodismo investigativo que no se contenta con reproducir lo que le han dicho sino que busca e investiga la verdad.
El padre Guardia dijo que muchas veces la libertad de expresión en Panamá es traicionada cuando se abusa de ella y se convierte en libertinaje. En ese sentido señaló que deben existir autocontroles sin tener que recurrir a cortapisas exteriores, todo con la finalidad de no destruir los derechos de segundas o terceras personas.
Para fortalecer la libertad de expresión, manifestó, se debe fortalecer la convivencia humana, el respeto a la dignidad de los seres humanos y estar consciente que al momento de hacer valer ese derecho se debe hacer con responsabilidad.
Enfatizó que el hombre de la calle está muy controlado por todos los canales de expresión pública. A través de los medios se crea una opinión pública, pero reconoció que aunque esa población disienta de alguna medida pública, no hay canales para que sea escuchado.
Por tal motivo hizo un llamado a los medios de comunicación social para que otorguen espacios para que la población pueda expresar sus puntos de vista sobre temas importantes.
Por otro lado, señaló el peligro que existe de los que ejercen el poder político y económico, que tienen el concepto de que cuando hay verdades que les ofende, las tapan, las persiguen y las eliminan.
El sacerdote indicó que "no se pueden imponer las ideas y los intereses de cualquier manera vulnerando la libertad de los que no ostentan el poder".
"No siempre la información es veraz", dijo Norma Cano, secretaria general de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores, refiriéndose a que los medios están haciendo mucho uso del sensacionalismo, no respondiendo a orientar a la comunidad, con lo que se está "deteriorando la libertad de expresión en Panamá".
Destacó que hay que darle la oportunidad a los periodistas a que desarrollen un periodismo serio y honesto que esté comprometido con el deber de informar a la ciudadanía la verdad, no con lo que el dueño del medio quiere que se sepa.
Explicó que se da el caso de que hay periodistas que realizan su trabajo, pero cuando llevan su información a los medios se le cambia o no se le publica porque puede afectar los intereses de los dueños de los medios o de personas relacionadas con estos.
No obstante, reconoció que es necesario que exista algún grado de revisión de la información, con la finalidad de evitar errores.
Dijo que hay más apertura en los medios de comunicación de la que se daba antes. No obstante, señaló que una persona que tiene un potencial para orientar un camino a seguir, si no está vinculado a un organismo reconocido, no se le da acceso a los medios de comunicación.
Incluso recalcó que como dirigente muchas veces es difícil que los comunicados que emiten tengan un espacio en los medios.
Señaló que en el caso en que se den espacios para dar a conocer opiniones ciudadanas, hay que hacer buen uso de esa apertura de los medios no utilizándolos para insultar u ofender la dignidad de otros.
En su opinión la libertad de expresión se pone en peligro cuando no se tiene claro el papel que cada uno tiene que desempeñar. En ese sentido, dijo que hay que saber qué leyes nos rigen, con qué convenios internacionales se maneja, qué dice la Constitución de la República.
Sobre los posibles abusos que se puedan cometer a la hora de ejercer el derecho de informar, Cano indicó que es importante verificar e investigar antes de publicar o difundir una información.
