La Procuraduría de la Administración llamó hoy a declarar a la procuradora general de Panamá, Ana Matilde Gómez, jefa del Ministerio Público, en el marco una investigación que se le sigue por supuesta extralimitación de funciones y otros delitos, informó una fuente judicial.
La orden fue emitida por el procurador de la Administración interino, Nelson Rojas, quien también solicito esta tarde a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que Gómez sea separada del cargo por el tiempo que duren las investigaciones y se le impida la salida del país.
La Procuraduría de la Administración es una entidad encargada de velar por el ejercicio legal de las funciones de los cargos públicos, mientras que la Procuraduría General es una figura similar a la de la Fiscalía General.
Los cargos surgen después de que el ex fiscal Arquímedes Sáez presentó en julio de 2009 una querella contra Gómez por extralimitación de funciones y abuso de autoridad.
Gómez se mantendrá en el cargo "dispuesta a afrontar con dignidad y valentía lo que el pleno de la Corte Suprema de Justicia, mi juez natural, decida", según aseguró hoy.
Agregó que confía en que "este tribunal honrará su responsabilidad histórica y definirá favorablemente los incidentes y recursos que ha presentado".
Además, espera de la CSJ un pronunciamiento "claro, contundente, que por su contenido y alcance será objeto del escrutinio de todos los ciudadanos".
Por su parte, el presidente del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), Mitchell Doens, consideró que la eventual separación del cargo de Gómez, nombrada durante la gestión de Martín Torrijos (2004-2009) para un periodo de diez años, supondría que en Panamá "se entronice la persecución y se desarrolle un sistema oligárquico fascista".
Doens pidió a los dirigentes del actual Gobierno "que mediten lo que están haciendo porque no es un daño contra una figura o figuras del partido (PRD) o contra este partido. Le están haciendo un daño a Panamá".
Los abogados de Sáez acusan a Gómez de intervenir sin autorización judicial el teléfono del ex fiscal dentro de una investigación que se le seguía a éste por el supuesto cobro de coimas (soborno) en 2007.
Sáez fue separado del cargo luego de que el Ministerio Público (MP) detectara en una operación encubierta que recibió el soborno.
En julio de 2007, un fallo de la Corte Suprema declaró como inconstitucional esta intervención telefónica ordenada por Gómez.
La jefa del MP también ha sido denunciada ante la CSJ por los abogados del estafador colombiano David Murcia Guzmán, extraditado hoy a EE.UU. desde Colombia, por supuestas irregularidades en la captura y posterior deportación a Colombia de su cliente el 28 de noviembre de 2008.
Precisamente la CSJ rechazó hoy esa denuncia al considerar que no tenía fundamentación.
Murcia fue el fundador del grupo DMG, que reunió a más de veinte empresas en Colombia, intervenido en 2008 por una estafa con el método de la pirámide financiera.
