La mayoría de los productores peruanos de hoja de coca, materia prima de la cocaína, reclama el diálogo para erradicar la violencia y los constantes conflictos sociales que enfrentan, afirmó hoy un experto en el tema.
Durante un taller sobre conflictos sociales en zonas cocaleras, el experto Federico Tong afirmó a Efe que las últimas elecciones locales y regionales en Perú son una muestra de esta petición de diálogo por parte de las comunidades.
El Gobierno peruano detuvo a finales del pasado mes de noviembre en una operación policial a decenas de autoridades locales y dirigentes cocaleros vinculados supuestamente con el llamado "narcoterrorismo", la alianza entre narcotraficantes y el grupo armado Sendero Luminoso.
Tong, coordinador de un proyecto de prevención de conflictos en zonas cocaleras, explicó que actualmente en regiones amazónicas como el Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) o del Alto Huallaga los problemas sociales se deben, por ejemplo, al tráfico ilegal del cultivo de coca o a la explotación del yacimiento de gas de Camisea.
De las 128.000 toneladas métricas de producción potencial de hoja de coca en Perú, tan sólo 9.000 son de uso legal, mientras que 119.000 toneladas métricas son destinadas al narcotráfico, precisó el experto citando fuentes oficiales.
Los carteles del narcotráfico llegan a pagar hasta unos 150 soles (53,1 dólares) por arroba de hoja de coca, frente a los 75 soles (26,5 dólares) que reciben los productores legales, una diferencia económica que, sumada a la disputa por el tipo de calidad de la coca, provoca situaciones sociales conflictivas, dijo Tong.
Esta situación repercute en la economía de los productores legales del cultivo, que afrontan dificultades para la contratación de mano de obra (el narcotráfico ofrece salarios más elevados), y puede ser motivo para que se inclinen por actividades ilícitas.
La conflictividad social en zonas productoras también se relaciona con el rechazo a la erradicación forzosa de las plantaciones y a la aplicación de programas de desarrollo alternativo.
Los productores se oponen a sustituir la hoja de coca por otros cultivos, porque, alentados por los mensajes de narcoterroristas, los consideran poco rentables.
"Existe una serie de mitos y mensajes (procedentes del narcoterrorismo) de que el desarrollo alternativo no funciona", dijo el experto, para luego afirmar que la producción de cacao y café generó ingresos anuales de entre 3 y 7 millones de dólares en comunidades tradicionalmente productoras de hoja de coca.
Tong también se refirió a los operativos de interdicción como parte de la conflictividad social que afrontan las comunidades cocaleras, especialmente en el caso del VRAE, lo que genera atentados con dinamita y ataques a vehículos policiales.
El experto alertó, además, de las consecuencias socioambientales del cultivo ilícito de coca como la tala indiscriminada de bosques y la escasez y contaminación del agua.
Explicó que los productores legales demandan mayores incentivos para la producción y comercialización, entre algunos de los problemas que tienen para afrontar la competencia de narcotráfico.
Tong consideró que entre las posibles soluciones para erradicar la violencia en zonas cocaleras se debe dar un acercamiento entre los partidos nacionales y regionales, así como establecer relaciones de respeto y confianza con las poblaciones.
"Lo que se requiere es promover de manera decidida desde el Estado un desarrollo local pacífico", concluyó el técnico.
Según la ONU, Perú se convirtió el pasado año en el primer productor mundial de hoja de coca, desbancando a Colombia, y hay sospechas de que también puede ser el primer productor de clorhidrato de cocaína, si bien no hay cifras del Gobierno peruano al respecto.
