Los extranjeros presos en Perú no pueden cumplir sus condenas en sus países de origen por los vacíos en la ley aprobada hace medio año que dificultan su traslado, declaró hoy una alta fuente del Poder Judicial.
El presidente de la Corte Superior de Justicia de El Callao (en cuyo penal de Sarita Colonia se encuentra la mayoría de los narcotraficantes presos), César Hinostroza, declaró a la agencia estatal Andina que "todavía hay algunos vacíos" en la ley que permite a los extranjeros procesados o condenados en Perú cumplir sus sentencias en sus países.
La ley fue aprobada por el Congreso el 12 de diciembre del año pasado e incluía la exoneración del pago de la reparación civil, uno de los principales obstáculos para la repatriación de estas personas.
"Por ejemplo, cuando se habla de exoneración o reducción del monto de la reparación civil dada en la sentencia, no existen parámetros para decir en qué casos se exonera o se reduce", explicó el magistrado.
Tampoco se especifica cuál es el procedimiento para resolver un pedido de exoneración de la reparación civil hecho por un integrante de una organización o banda condenada por un delito.
"¿Qué pasa si uno de los sentenciados pide que se le exonere del pago de la reparación civil? ¿Alcanza esa exoneración a los demás? Esa es una pregunta que se formulan los jueces y hay opiniones diversas sobre el tema, dado que la ley no lo precisa", indicó.
Gran parte de los presos extranjeros no pueden pagar los montos de reparación solidaria al Estado peruano que se les impone en sus condenas por los delitos cometidos y que oscilan generalmente entre 500 y 2.500 soles (170 y 850 dólares).
Esas personas pueden acceder a beneficios penitenciarios y salir antes de la prisión, pero no pueden abandonar el país sin pagar las multas, lo que los sitúa en una suerte de limbo administrativo en el que no pueden trabajar, reinsertarse ni regresar a su país.
En las cárceles de Perú hay 1.165 presos extranjeros, la mayoría de los cuales fueron detenidos en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, ubicado en el Callao, cuando pretendían sacar droga individualmente o como parte de carteles del narcotráfico.
Al aprobarse la referida ley, el ministerio de Justicia peruano calculó que unos 1.000 presos extranjeros podrían acogerse a esta medida, lo que beneficiaría al país en la reducción de gastos y el hacinamiento en las prisiones.
Los españoles reos constituyen el colectivo más numeroso de presos extranjeros en Perú, entre los que también abundan holandeses, colombianos, bolivianos y mexicanos.
Hinostroza anunció que enviará a la Corte Suprema de Justicia sus observaciones sobre los vacíos legales detectados para que ésta las presente al Poder Legislativo y se realicen las modificaciones necesarias.
