Los magistrados sandinistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua declararon hoy legal un polémico decreto presidencial que prorroga la permanencia en sus cargos a una veintena de funcionarios públicos, amparándose en una nueva versión de la Constitución, rechazada por la oposición.
"No ha lugar", señala el fallo, que reconoce competencia y constitucionalidad a la decisión de Ortega por encima de las funciones del Legislativo, en respuesta a la demanda en contrario presentada por la diputada sandinista Alba Palacios.
Esa decisión fue tomada por la CSJ, integrada por magistrados sandinistas y jueces sustitutos, que suplantaron en sus cargos a magistrados liberales opositores que se resisten a integrar Corte Plena en rechazo a ese decreto.
Un portavoz judicial explicó que los magistrados rechazaron el recurso con base en la nueva versión constitucional, publicada por los sandinistas en el diario oficial, La Gaceta, en la que se incluyó un inciso que legitima ese polémico decreto.
La nueva versión constitucional incluye una disposición, considerada transitoria por opositores y juristas independientes, de una enmienda a la Constitución hecha en 1989.
Ese inciso constitucional, que no registraba la Carta Magna después de 1990, se refiere a que los miembros de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral, y las demás autoridades y funcionarios de diversos poderes, continuarán en el ejercicio de sus cargos mientras no tomen posesión quienes deban sustituirlos de acuerdo a la Constitución.
El recurso de conflicto de competencia entre el Ejecutivo y el Legislativo fue presentado meses atrás por Palacios luego de que el presidente nicaragüense emitiera ese decreto, que prorrogó el mandato de 25 funcionarios públicos.
Ortega decidió en enero ratificar y prorrogar en sus cargos a tres magistrados de la Corte Suprema y funcionarios de otras instituciones y poderes del Estado cuyo mandato finalizó este año, facultad que, según la oposición, corresponde al Parlamento.
El mandatario aprobó el decreto ante la decisión de la oposición de congelar la ratificación y renovación a autoridades que concluían su mandato, en medio de una crisis generada tras la decisión de la Sala Constitucional de anular el artículo de la Carta Magna que impide la reelección presidencial, lo que favorecería a Ortega.
