El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, y varios de sus ministros, le pidieron hoy al titular de Seguridad, José Raúl Mulino, reconsiderar su "renuncia irrevocable" al cargo, informó el portavoz del Estado, Luis Eduardo Camacho.
El funcionario explicó a periodistas que en la reunión del Consejo de Gabinete se abordó la renuncia de Mulino y que "el propio presidente y varios ministros le pidieron reconsiderar" su salida, que anunció a partir del 15 de marzo por diferencias con el jefe de la Policía Nacional, Gustavo Pérez, ya removido del cargo.
Camacho indicó que Mulino se comprometió a darle mañana, miércoles, una respuesta "personal" a Martinelli.
El portavoz gubernamental anunció también que se habían expedido los decretos que asignaban como nuevo director de la Policía Nacional a Julio Moltó, mientras que Pérez fue asignado como secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, dependiente directamente de Martinelli.
El pasado 9 de marzo Mulino presentó su renuncia irrevocable tras protagonizar una polémica con Gustavo Pérez, que rechazó la creación de una entidad externa que juzgara a los agentes policiales que cometan faltas.
El objeto de la polémica fue un proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros que creaba el Sistema de Administración de Justicia Disciplinaria, que Pérez calificó en la víspera de innecesario por haber ya una junta disciplinaria y porque "policía juzga a policía".
"La actuación pública ayer del director general de la Policía Nacional, Gustavo Pérez, es para mí sencillamente inaceptable", precisó Mulino en su carta de renuncia a Martinelli, quien, en su cuenta de Twitter, anunció que retiraba la resolución que impulsaba dicha iniciativa.
Mulino afirmó que la forma de proceder de Pérez era "ilegal e inconstitucional" y que pasarla como inadvertida sería permitir "un abierto acto de desconocimiento e irrespeto de parte del señor Pérez a la institucionalidad democrática".
Destacó que con su renuncia no trataba de determinar mandos, algo que establece la ley orgánica de la Policía, sino dejar sentada su preocupación y protesta por haber desautorizado Pérez "de manera pública" a su superior inmediato y a todo el Consejo de Ministros.
Según el proyecto, impulsado por el propio Mulino tras 20 meses de preparación con asesoría de especialistas de EE.UU., el Sistema de Administración de Justicia Disciplinaria se adscribiría al Ministerio de Seguridad y estaría compuesto por experimentados abogados, totalmente ajenos a las instituciones de seguridad del país.
Dicha junta, según la iniciativa, iba a estar compuesta por quince personas, entre jueces y suplentes, para juzgar a los agentes que incurrieran en faltas administrativas o de cualquier tipo.
