El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, sancionó hoy una controvertida ley que contempla cambios en seis leyes y en tres códigos, introduce condicionantes al derecho de huelga y elimina controles en materia ambiental y el procesamiento de policías, entre otras medidas.
La ley 177, bautizada popularmente como "Ley chorizo" o "Ley camarón" -término utilizado en Panamá para aludir a un engaño- fue publicada en la Gaceta Oficial con fecha de hoy, tras ser aprobada el pasado fin de semana en el Parlamento con el voto mayoritario del partido Cambio Democrático, agrupación de Gobierno.
La norma fue presentada por el propio ministro de Seguridad José Raúl Mulino al Parlamento hace dos semanas como una reforma a la normativa de aviación civil, para permitir la contratación de personal especializado extranjero, pero supone cambios en normas ambientales, de contrataciones públicas, la ley orgánica de la Policía, el Código de Trabajo y otras normas.
El canciller panameño, Juan Carlos Varela, reconoció hoy en declaraciones a la prensa internacional que "faltó divulgación" por parte del Gobierno con relación a esta norma.
Entre los cambios que introduce la ley figuran la posibilidad de suspender los contratos de las trabajadores que hagan huelga y la contratación de personas para sustituir a los huelguistas.
También contempla la eliminación de la opción de detener o suspender a un policía investigado por un delito cometido en ejercicio de sus funciones y establece la eliminación de la obligatoriedad del estudio de impacto ambiental para obras que el Estado considere de "interés social".
"No significa que a partir de ahora no va a haber una revisión al impacto ambiental", dijo Varela, al explicar que se trata de acelerar proyectos como la construcción de viviendas para grupos sociales desfavorecidos y que será el Gabinete de Gobierno el que decida qué proyectos no requieren este estudio previo.
"Nosotros tenemos que dar la cara por un país", dijo, y agregó que "se están buscando catalizadores" para facilitar la inversión pública, al negar que se estén favoreciendo intereses económicos particulares.
No obstante al ser preguntado por aspectos como la legislación para policías o el derecho de huelga, indicó que deben ser los ministros de cada ramo los que den explicaciones sobre los temas que le competen.
Tras la publicación de la norma en la Gaceta Oficial, sindicatos, agrupaciones ambientales y organizaciones de la sociedad civil llamaron a la población a secundar una marcha programada para mañana, jueves, en protesta contra esa ley, que culminará en la Presidencia panameña.
