Los abogados y penalistas que conforman la Sección Jurídica del Centro Político de Mayín Correa, denunciaron ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y otros organismos de Derechos Humanos y Electorales, lo que consideraron el "complot institucionalizado" iniciado con la impugnación interpuesta por el Fiscal Electoral contra la candidatura de la Alcaldesa capitalina.
Según los denunciantes, la cúpula del PRD intenta desesperadamente eliminar a la alcaldesa Correa con argucias ilegales de la contienda electoral del próximo 2 de mayo, a través del fiscal electoral, Gerardo Solís , miembro conspicuo hace escasos dos meses del Partido Revolucionario Democrático.
El documento de la denuncia que también lleva la firma de la alcaldesa Correa, fue presentado y enviado a unos 15 organismos panameños e internacionales, incluyendo al director de la Oficina de la OEA de la Comisión para los Derechos Humanos, Hernán Hurtado.
Por su parte, el ex viceministro de Gobierno y Justicia y dirigente del Partido Demócrata Cristiano, Ramón Lima, expresó que el fiscal electoral, Gerardo Solís, más que hacer una labor jurídica está realizando una labor política en el caso de impugnación de la candidatura de Correa.
Lima dijo confiar en que los magistrados del Tribunal Electoral, Erasmo Pinilla, Dennis Allen y Eduardo Valdés Escoffery, procederán en derecho en el caso de impugnación de la alcaldesa Correa.
Las declaraciones del ex viceministro de Gobierno y Justicia se dieron luego de presentar la contestación a la demanda de impugnación presentada en contra de la candidatura de Correa.
Lima afirmó que un fallo contrario sería una flagrante violación a la Constitución de la República, lo que obligaría que se recurra ante la Corte Suprema de Justicia.
El abogado presentó la contestación a la demanda de impugnación que presentó contra Correa, Gabriel Vargas Campos y que fue confirmada posteriormente por el Fiscal Electoral.
El documento indica que la demanda "no debió admitirse", ya que la misma no versa sobre la residencia de Mayín, tal como lo establece el Artículo 219 del Código Electoral que indica que sólo podrán impugnarse las candidaturas por razón del requisito de residencia.
Según el escrito, Correa fue condenada por el TE mediante sentencia de 4 de abril de 1994, por una conducta tipificada como delito en el artículo 304, numeral 8 del Código Electoral, vigente hasta el 17 de setiembre de 1993, norma que le fue aplicada, cuando fue condenada por el TE.
Lima alega que el impugnante intenta promover la retroactividad de una norma penal contenida en el Código Electoral, según se reformó en 1997.
Sostiene además que la interpretación resulta contraria a lo dispuesto por el Artículo 43 de la Constitución Política, el cual dispone que las leyes no tienen efecto retroactivo.
Sobre el mismo tema, el ex procurador general de la Nación, Rafael Rodríguez, declaró que Correa no fue condenada por el TE por un delito contra la libertad y pureza del sufragio, toda vez que se calificó su conducta como otros delitos electorales por el Artículo 304 del Código Electoral del 17 de setiembre de 1993, y por ende puede ser alcaldesa.
También el reconocido escritor cubano, Carlos Alberto Montaner, envió una nota al magistrado del Tribunal Electoral, Eduardo Valdés Escoffery, en la cual manifiesta que "las elecciones se ganan y se pierden en las urnas".
Montaner solicitó al magistrado Valdés Escoffery proceder en conciencia y en derecho dentro de la demanda de impugnación que ventila ese organismo en contra de la candidatura de Mayín.
Montaner, residente en Miami, expresó su asombro ante la noticia que los adversarios de Mayín Correa, se sustentan en una vieja condena, ya purgada, lo cual contradice todas las normas jurídicas y el más elemental instinto democrático.
