La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México abrió una "queja de oficio" para investigar una persecución policial contra inmigrantes en Chiapas, en el sur de México, que se saldó con dos ecuatorianas y un guatemalteco muertos, informó hoy el organismo.
La CNDH, que tiene funciones de Defensor del Pueblo, pretende conocer por qué agentes de la Policía Preventiva Estatal de Chiapas trataban el pasado viernes de arrestar a inmigrantes, algo que únicamente están facultados a hacer funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) o agentes de la Policía Federal.
La CNDH sostiene que hace tres días un grupo de policías de Chiapas le dieron el alto a un camión donde iban entre 30 y 40 personas y, al no ser obedecidos, comenzaron a perseguirlo y abrieron fuego contra él.
Tratando de huir el conductor perdió el control y chocó contra un árbol, lo que permitió la captura del grupo, donde fueron localizados los tres indocumentados muertos y seis más heridos: cuatro de Ecuador, un salvadoreño y un guatemalteco.
El INM identificó a los fallecidos esta mañana como Kevin Pérez Carías, originario de Guatemala, y Levis Clarisa Moina Cabrera y Norma Dután Parrapi, ambas de Ecuador.
La CNDH constató en el lugar de los hechos que el camión recibió "más de veinte disparos de arma de fuego en su parte posterior".
Hasta el momento tres agentes de la Policía Preventiva Estatal, incluyendo el jefe de sector, Celestino Ávila, han sido detenidos para ser investigados por los hechos, informaron a Efe fuentes policiales.
La Comisión recuerda que la participación de policías locales en acciones contra inmigrantes "es una transgresión a la ley" mexicana y pide la "sanción a los responsables" de la operación.
"Para esta Comisión Nacional resulta inadmisible que los cuerpos de seguridad pública actúen de manera arbitraria y hagan uso excesivo de la fuerza sin el menor reparo por los derechos humanos y fuera del orden que establece el Estado de Derecho", indica la nota.
El organismo concluye demandando que lo ocurrido no quede impune y "un compromiso explícito y efectivo" de las autoridades "por el respeto a los derechos humanos de los migrantes, que son víctimas recurrentes tanto de autoridades como de la delincuencia común y organizada".
Con la queja se abre un proceso de investigación confidencial sobre los hechos tras lo cual este organismo público autónomo emitirá una resolución sobre lo acaecido. EFE
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